El limbo ante el desahucio de una mujer nigeriana en Zaragoza

Faith vive desde hace tres meses sumida en la incertidumbre más absoluta. A comienzos de enero le anunciaron por carta que el próximo 19 de abril tenía que abandonar su piso. Si no lo hace, a las 11.30 horas de ese día la desahuciarán.

«Estoy sola», reflexiona esta mujer nigeriana cerca de su casa en La Almozara. En una hora tiene que ir al colegio de sus hijos para recogerlos: los tres son menores de edad, el más mayor acaba de cumplir 8 años. Por ellos no trabaja, «porque todo el tiempo lo dedico a cuidarlos».

«Antes de que estuviesen los tres sí que trabajaba, lo hice durante mucho tiempo, en la limpieza», recuerda Faith, que hoy sobrevive gracias al Ingreso Mínimo Vital. La subida del alquiler de su piso limitó el poder de acción del IMV y por ello ha dejado de pagar la renta de su inmueble. «El problema se agrava porque no puedo irme a otro sitio, porque en todos los nuevos pisos me piden una nómina que no tengo porque estoy con mis niños», lamenta.

Dentro de la complicada situación que crea la proximidad del desahucio, lo que le quita el sueño a Faith es la incertidumbre. «No he tenido ninguna respuesta, nadie me ha comunicado si me van a dar una solución», explica, con los documentos y las cartas oficiales en la mano, una mujer que se queja de que la primera comunicación relativa a un alquiler social ha llegado «tres meses después de que el juez anunciara la fecha del alzamiento».

Ese documento tampoco le resuelve nada en el corto plazo. «Solo me dicen que tengo que entregar otros papeles más, en un plazo breve de tiempo, y que seguirán estudiando mi caso», explica Faith, que siente que están «pasando» de ella.

Apoyada por algunos vecinos de la zona, le han llegado a decir que su destino más próximo está en el albergue municipal: «Hemos hablado con gente que conoce casos similares al mío y dicen que en estas instituciones hay familias así, madres con sus hijos viviendo de la caridad e intentando llevar una vida normal».

Respuesta de la DGA

Según informan fuentes del departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, el IASS –organismo al que se instó a hacer una primera valoración del caso– «solo realiza el informe si se pide mediante un convenio que hay con el poder judicial sobre vulnerabilidad económica y lo único que puede decir es si existe o no vulnerabilidad económica en base a lo establecido en dicho convenio». En el caso de Faith, el 8 de marzo se emitió ese informe, con carácter positivo, del que se hace cargo desde entonces la consejería de Vivienda.

Desde ese otro departamento del Ejecutivo aragonés explican que «se le requirió la documentación necesaria y estamos a la espera de que la presente». Una vez que se completen los trámites, se estudiará su caso. Las mismas fuentes detallan que la documentación que se pide es esa porque «aunque atienda a un desahucio se sigue tratando de la solicitud de una ayuda».