La Justicia obliga a la DGA a reabrir la escuela de Caneto y restituir a los profesores

El Gobierno de Aragón deberá reabrir la escuela de Caneto y retomar el servicio educativo para los 21 alumnos que quedaron fuera del sistema escolar tras decretar el cierre del aula a principios de noviembre. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado las medidas cautelares presentadas por los padres de los estudiantes al entender que la resolución de Educación va contra «el interés de los menores» y sostiene que la Administración «no puede ir en contra de sus propios actos», dado que la escuela estuvo abierta durante cinco años con la asistencia de dos profesores. En resumen, que los alumnos nunca debieron quedar sin profesores.

La consejería de Educación que dirige Claudia Pérez Forniés decretó el cierre de esta escuela al entender que no cumplía las condiciones de seguridad mínimas y decidió trasladar a la veintena de alumnos de entre 3 y 12 años al centro educativo de Tierrantona, ubicado a 40 minutos y conectado por una pista forestal. Los padres se negaron al cambio y mantuvieron las clases con la colaboración de profesores voluntarios, una situación en la que han permanecido durante dos meses. 

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El Ejecutivo autonómico anunció ayer a través de un comunicado que «acatará» de forma inmediata la resolución y devolverá el servicio docente –dos profesores– al aula de Caneto desde el próximo martes, dado que el lunes es festivo en la provincia altoragonesa. Además, el tribunal ha resuelto una contracautela en la que exige a la consejería de Educación que informe debidamente en un plazo de 15 días al Ayuntamiento de La Fueva y a la Asociación de Madres y Padres cuáles son los defectos de las instalaciones que afectan a la seguridad estructural y en casos de incendio, utilización o salubridad, así como cuáles son los requisitos de protección laboral que no se cumplen en las instalaciones. 

Es decir, que comunique a los usuarios de la escuela y al consistorio de La Fueva las razones por las que clausuró el aula para que las irregularidades puedan ser subsanadas en el caso de que existieran. Una vez se hayan comunicado las supuestas deficiencias, el TSJA advierte que los presuntos defectos deberán solventarse porque de lo contrario «podría levantarse la medida cautelar acordada».

«Es derecho de todo interesado conocer concretamente qué defectos tienen las instalaciones o que requisitos no se cumplen, pues siempre existe la posibilidad de subsanarlos o incluso de buscar alternativas a la ubicación de la escuela», dicen los magistrados, añadiendo que «no es adecuado» que la Administración «acuerde el cese en la prestación del servicio educativo, sin resolver el expediente de autorización del centro docente, presuponiendo que no cumple e impidiendo como decimos su subsanación».

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El comienzo de la escolarización en este centro educativo alternativo se dio bajo el gobierno cuatripartito que presidía Javier Lambán, que autorizó este proyecto de eduación alternativa hace ya cinco años. Fue con el cambio de manos en el Pignatelli y la entrada de PP y Vox en el Ejecutivo autonómico cuando se entendió que este centro «no estaba regularizada», según dijo la consejera Pérez Forniés, que también señaló que el asunto de Caneto «se resolvería en comunicación con las familias». La compleja situación desencadenó una batalla política por ver quién tenía razón. 

Más allá del barro político, la decisión del tribunal fue celebrada sobre todo por los padres que impulsaron la escuela de Caneto. «Es un paso de gigante en la lucha por los niños de Caneto», asegura Eduard Jubert, que manifiesta su deseo de «trabajar codo con codo con la Administración a partir de ahora» para conocer las deficiencias y darles solución. Para las familias, la resolución judicial es un «espaldarazo» a su postura de que los pequeños sigan asistiendo a las aulas prefabricadas en el pueblo y no se suban al autobús cada día y tarden 40 minutos por unas peligrosas carreteras para dar clase, como denuncian los padres desde el mismo día en el que la DGA decidió cerrar el colegio.

Contradicciones de la DGA

Sea como fuere, el tribunal insiste además en varias contradicciones en las razones del Gobierno de Aragón dio para decretar el cierre. «La Administración no puede sostener que la escuela no existe para el Departamento de Educación cuando lleva cinco años proporcionando al menos dos profesores, uno de infantil y otro de primaria, cada curso», recoge el auto del TSJA. 

La resolución hace referencia a que el Gobierno de Aragón dice que el centro carece de agua potable, energía eléctrica, red de saneamiento telefonía y telecomunicaciones «cuando existe igualmente un informe que lo contradice, además de las fotografías en las que se aprecian los servicios, iluminación, etc».

Por todo ello, el tribunal acuerda en su auto, hecho público esta mañana, que se sigan «manteniendo las condiciones de prestación del servicio educativo anteriores al 7 de noviembre de 2023, en interés de los menores y de los usuarios de las escuelas». 

Los magistrados ponen de manifiesto que «estamos en presencia de una escuela ubicada en un núcleo del Pirineo, que ha venido prestando el servicio educativo durante cinco cursos. Como lo es para el informe del Justicia de Aragón, también nosotros reseñamos que la Administración no puede ir en contra de sus propios actos, pues no puede sostener como lo hace que la escuela no existe para el Departamento cuando lleva cinco años, proporcionando al menos dos profesores, uno de infantil y otro de primaria, cada curso, como ha quedado acreditado en el documento que se aporta». 

Expresan también que «no se aportó informe alguno en la tramitación de la queja ante el Justicia de Aragón, y los informes que nos reseña la Administración en sus alegaciones, por un lado indican que no es suelo urbano, cuando recientemente el ayuntamiento ha remitido desde la comarca (del Sobrarbe) un informe que dice que puede reunir los requisitos», explica el TSJA. 

Concluye el tribunal su auto diciendo que «es también evidente que la administración debe de procurar la prestación de este servicio, donde se ubican los alumnos, sin desatender las necesidades tan especiales en entornos de alta despoblación. No menos importante es señalar el alto número de niños que están en la escuela, que refuerza la decisión aquí tomada».