Aragón registra 13 meses de retraso para obtener la valoración del grado de discapacidad

Aragón acumula un retraso de 13 meses para obtener la valoración del grado de discapacidad, la octava mayor cifra por comunidades autónomas.

Este es uno de los datos que se extraen del informe CERMI Espacio Digital. Territorios conectados elaborado a partir de información obtenida por los CERMIS autonómicos en el que se analiza el tiempo medio para obtener la valoración del grado de discapacidad, desde que se solicita, en comunidades y ciudades autónomas.

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En este sentido, Canarias y Extremadura son las dos comunidades autónomas que acumulan mayor retraso para obtener la valoración del grado de discapacidad y que asciende a 2 años, seguidas de Andalucía y Castilla-La Mancha, con 18 meses. Las causas principales son la escasez de personal, seguida de "un procedimiento lento y difícil".

El informe examina el tiempo máximo en meses para emitir resolución en 2023. El plazo máximo oscila entre los 2 años de Canarias y Extremadura y los 18 meses de Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, los cinco territorios que acaparan mayor tardanza.

En concreto, y diferenciando los datos por provincias/ciudades, el informe revela que Badajoz, Cádiz y Granada, Albacete y Toledo y Avilés son los que mayor dilación en el tiempo presentan a la hora de conseguir el grado de discapacidad.

En cambio, Castilla y León (con cuatro meses) es la comunidad autónoma con menos demora, seguida de País Vasco (5), Comunidad de Madrid (9), Comunidad Valenciana (10), Navarra (11), Galicia y Cantabria (12), Aragón (13), Cataluña (14 meses), Baleares (15) y Murcia (16).

El 94,74% de los territorios tiene como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95% se debe a la existencia de procedimientos lentos y complejos. Según este informe, la insuficiencia de centros no es una causa tan determinante en el retraso en la valoración, siendo esta del 36,84%.

El CERMI Estatal remitirá este informe al Defensor del Pueblo con la petición de que investigue estas dilaciones, que causan un enorme perjuicio a las personas con discapacidad y a sus familias, ya que la valoración de la discapacidad es la puerta de acceso al sistema de apoyos y prestaciones de las Administraciones Públicas que se reciben por razón de discapacidad en España.

Desde el departamento de Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón no hicieron valoraciones y han recordado que a mitad del mes de noviembre se creó un nuevo equipo de valoración de la discapacidad; integrado por un médico, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un enfermero, un trabajador social y un administrativo, por lo que se han tenido que contratar a seis personas.

En diciembre, además, se implementó una nueva herramienta informática, alojada en la página web del Gobierno de Aragón, que permite solicitar la valoración del grado de discapacidad a través de Internet, por lo que sus resultados podrán analizarse este verano.

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La consejera, Carmen Susín, cifró en octubre en 13.750 las personas de la comunidad pendientes de este análisis tan importante.