Los municipios de Aragón se lanzan a construir vivienda con un ‘ofertón’ de suelos

Los municipios aragoneses quieren subirse a la ola de la vivienda que empieza a formarse al calor de las necesidades de 47.000 jóvenes en la comunidad que viven todavía en casa de sus padres. Lo harán a base de construir, pese a que hay 129.870 viviendas vacías en la comunidad, según el Censo de Población y Viviendas de 2021, con el objetivo de reactivar el estancado tejido inmobiliario del medio rural en busca de atraer a esa nueva generación de emancipados para rebajar el peso demográfico de las capitales de provincia mientras alivian la tensión del turismo estacional o el crecimiento explosivo de la población que se espera con desembarcos como el de BonÀrea.

Todos los alcaldes consultados por este diario coinciden: necesitan vivienda, a poder ser pública y a precios asequibles, para desatascar el futuro de sus pueblos, revertir la despoblación y destensar la presión sobre el mercado de la vivienda que causa el furor turístico por las zonas de nieve e interior.

Eso persigue una de las medidas estrella del plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón, presentado en sociedad esta semana y dotado con 300 millones hasta 2030. Dicha iniciativa es una directriz que permitirá a los ayuntamientos recalificar suelos dotacionales (los destinados a equipamientos) que se han quedado sin uso para construir vivienda pública de alquiler social y asequible. Con esa idea, sacada de la tan criticada ley de Vivienda estatal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la consejería autonómica que dirige Octavio López (PP) cifra en más de 2.000 viviendas las que se podían levantar solo en los terrenos que son propiedad de la DGA, aunque aseguran que no manejan un inventario. Por eso, casi que lo mejor es preguntar pueblo por pueblo.

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El Pirineo aragonés, por el influjo del esquí y el turismo de montaña, es uno de los puntos calientes de la escasez de vivienda en la comunidad. En Jaca, el alcalde popular Carlos Serrano quiere lanzarse a la construcción de vivienda. «Tenemos una parcela que es propiedad de Suelo y Vivienda (una empresa pública autonómica) y parcelas sin uso en los Llanos de la Victoria y la solana de Rapitán, por lo que podríamos hacer unas 80 viviendas públicas con esta directriz», explica.

Estaciones

Más al norte, otro de los municipios tensionados por el esquí es Sallent de Gállego, la localidad históricamente vinculada a la estación de Formigal y que tiene desde hace años graves problemas para dotar de vivienda asequible a los trabajadores del centro invernal. El ayuntamiento ha ofrecido al Gobierno de Aragón una parcela de titularidad municipal con una superficie de 2.816 m2 para promover la construcción de una residencia para trabajadores. Según el alcalde, Jesús Gericó (PP), el ayuntamiento realizó un sondeo durante el invierno y cifró en 250 viviendas las que necesitan los trabajadores durante la temporada de esquí, mientras que los pisos que necesitarían los empleados en verano rondarían los 170.

Por su parte, el vínculo de Canfranc con el esquí viene por Candanchú, pero los problemas son similares. «En Canfranc pueblo tenemos unas antiguas escuelas en suelo dotacional donde podríamos hacer tres viviendas. En Canfranc Estación, Suelo y Vivienda tiene seis parcelas donde podría edificar pisos públicos», apunta Fernando Sánchez (PSOE), alcalde de Canfranc.

«Tenemos tres planes para impulsar más de 850 viviendas en suelo municipal, creo que no nos hará falta recalificar suelo»

Jesús Bazán

— Alcalde de Épila

Similares problemas a tenor del turismo viven en la provincia turolense. «Vivimos a media hora de Teruel y eso es un problema. La gente que trabaja allí y viven en Albarracín va a acabar por irse a la ciudad. Si viene gente a trabajar y está a gusto es posible que necesitemos más porque la gente no se puede ir de alquiler. Estamos tensionados por el turismo. Tenemos Viviendas de Usos Turísticos (VUT) que se usan, es algo que todavía no se nos ha ido de madre, pero tenemos carencias residenciales», explica el alcalde de la localidad, Daniel Úbeda.

Desde el ayuntamiento la idea es rehabilitar viviendas municipales. Aquí podríamos sacar ocho viviendas en alquiler público en el casco histórico y promover una segunda fase con 12 inmuebles que «si nos ayuda la DGA a financiarlas, no tendríamos problema en que fueran de protección oficial», dice.

Vivienda para jóvenes

En Alcañiz, el alcalde Miguel Ángel Estevan ya le trasladó al consejero Octavio López «la falta que nos hace» construir vivienda asequible para jóvenes. «Tenemos terrenos y nos vamos a acoger a la directriz. En la zona del casco antiguo podremos construir unas 35 o 40 viviendas en una primera fase y en una segunda fase, cerca del Loreto, otros 40 pisos», apunta.

Si en el Pirineo y en Teruel lo que aprieta es el turismo, en la provincia de Zaragoza es la industria y las inversiones empresariales las en el corredor del Ebro lo que obliga a ampliar el parque de vivienda disponible. El Burgo de Ebro, una localidad a apenas veinte minutos del centro de Zaragoza, es uno de los ejemplo s de esos municipios con una fuerte industria que tiene más trabajadores que vecinos. «No tenemos nada de alquiler disponible y tampoco casas para vender. Tenemos un colapso en la vivienda de El Burgo y nos lastra para fijar población», apunta el regidor, matizando que ahora mismo están en disposición de construir «unas 145 viviendas repartidas en tres parcelas» con calificación residencial.

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«Nosotros no necesitamos recalificar terrenos. El ayuntamiento tiene tres parcelas para construir 90 viviendas protegidas de alquiler. Una de esas parcelas se cedió a Suelo y Vivienda hace muchos años y aún no se ha construido. Si no se ponen ya, pediremos que se revierta su propiedad al consistorio», explica el regidor, Vicente Royo.

Si la localidad ribereña es uno de los puntos calientes del empleo industrial, ese camino comienza a abrirse también en Épila, donde el desembarco del macrocentro logístico de BonÁrea tiene previsto convertirse en la segunda mayor industria de Aragón con 4.000 empleos. Y para ellos van a necesitar vivienda. «Tenemos tres planes para impulsar más de 850 viviendas en suelo municipal, que creo que será suficiente para los primeros años», apunta Jesús Bazán, alcalde de la localidad.

«Podemos hacer unas 145 casas, pero en El Burgo tenemos un colapso con la vivienda»

Vicente Royo

— Alcalde de El Burgo de Ebro

La citada cifra se reparte en una parcela junto al colegio que albergará 240 viviendas, otros 140 inmuebles que se ubicarán junto a las piscinas a través de una junta de compensación y una tercera promoción de 330 pisos junto a la antigua fábrica de la azucarera. En su caso, la directriz de suelos dotacionales servirá de poco. «No tenemos apenas suelo sin uso», zanja Bazán, que matiza que «liberarán»_suelo para ampliar el parque inmobiliario «en función de las necesidades que se vayan presentando».

Por su parte, Cuarte de Huerva es la localidad de moda entre los zaragozanos que se mudan al extrarradio y que se ha convertido en la de mayor renta per cápita de Aragón. El municipio cuenta roza los 13.800 habitantes y sigue en expansión. Desde el ayuntamiento aseguran que en 2024 van a dar se entregarán 180 nuevas viviendas entre unifamiliares y pisos mientras siguen en desarrollo dos unidades de ejecución para sendas urbanizaciones en la avenida Constitución y en el camino del Plano. Además, hay otros dos sectores, de 325.000 y 220.000 metros cuadrados, en los que se podrían construir hasta 581 y 500 viviendas, mientras que el ayuntamiento dispone de un solar que está previsto que en un futuro pueda destinarse a la construcción de vivienda pública.

Rehabilitación

En San Mateo de Gállego, localidad presidida por el gran esqueleto de hormigón de Martinsa Fadesa, también buscan la forma de ampliar su parque de vivienda. «Tenemos toda la ejecución parada y estamos empezando a reordenar el Plan General de Reordenación Urbana porque está obsoleto. Si lo actualizamos, tendríamos capacidad para 600 nuevas viviendas, pero no necesitamos tanto», explica el alcalde, José Manuel González (PSOE).

Allí, los vecinos de toda la vida están optando por la rehabilitación de las viviendas familiares y los nuevos pobladores buscan suelo para instalarse en casas unifamiliares «para las que necesitamos conseguir suelo en el casco urbano», explica González. Los bolsillos más pudientes, por su parte, tienen suelo de sobra para construir chalés en las 100 hectáreas libres que quedan en la urbanización del Saso.

Por su parte, en Tarazona siguen inmersos en desatascar el PGOU, «que lleva bloqueado 20 años», con el objetivo de impulsar el desarrollo urbanístico de los antiguos terrenos de la textil ubicados en el centro de la ciudad.