Juzgado un constructor de Zaragoza por fingir su insolvencia para "evitar pagar" una deuda

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza condenó en mayo de 2020 a Ismael G. G. a devolver 18.000 euros a una comunidad de vecinos del paseo Sagasta por «diferentes problemas de calidad» en las obras de acabado de una fuente ornamental. De aquí a ahora, este constructor todavía no ha abonado ni un solo euro de ese reclamo judicial y, en febrero de 2021, presentó un preconcurso de acreedores para alegar la insolvencia de su sociedad. Ayer se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza porque los vecinos del inmueble consideran que esto último lo hizo para nunca pagarles la deuda que había contraído con ellos.

El acusado explicó que, cuando la Justicia se pronunció en su contra, él no podía «afrontar ese pago» porque tenía otros tantos vinculados a las nóminas de sus empleados, a la Seguridad Social o a Hacienda. «Yo no me he negado a pagar a estos señores, pero todo a la vez en ese momento era imposible. Estábamos en situación de insolvencia y tenía otras obligaciones», señaló al tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín. No obstante, la acusación a cargo del letrado Diego Diez recordó a la sala que Ismael G. G. presentó la solicitud de preconcurso tan solo cinco días después de que el juzgado le comunicara la demanda de ejecución una vez que la sentencia fue declarada firme por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

En este sentido, el abogado le preguntó por qué en fase investigación ante el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital aragonesa sí había reconocido que el fin de ese preconcurso era «evitar pagar» a los vecinos. «No sé si me expliqué bien. Lo que tengo claro es lo que estoy diciendo ahora: no me facilitaron pagar», insistió el encausado, quien alegó en su favor que los vecinos no le habrían dado ninguna facilidad de pago como, por ejemplo, con un plan a meses o una quita. También insistió en que él solo cumplió con los consejos de su gestor. «Me dijo que, con esa situación, la empresa estaba en quiebra», añadió.

Por su parte, el presidente de la junta de locales de paseo Sagasta manifestó que la comunidad de vecinos decidió acudir a la vía penal para que Ismael G. G. respondiera «por un fraude» ya que se había convertido en «la única vía para cobrar las cantidades que el tribunal le había reconocido».

A petición de la acusación particular, afronta dos años y medio de cárcel como presunto autor de un primer delito de estafa y otros dos años y medio como presunto autor de un segundo delito de alzamiento de bienes.