Siniestralidad laboral

Román García: «En casi todas los muertes hay responsabilidad de la empresa»

El director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón asegura que "no pueden poner un policía en cada empresa" para que cumplan con la normativa y se eviten así los accidentes en el trabajo

Román García, director de la Inspección de Trabajo en Aragón, en su despacho en la sede del organismo. | ÁNGEL DE CASTRO

Román García, director de la Inspección de Trabajo en Aragón, en su despacho en la sede del organismo. | ÁNGEL DE CASTRO / j. h. p. / M. C. L.

Aragón acumula 30 muertes en el trabajo en lo que va de año, ¿qué está pasando?

Con independencia del número exacto en el cómputo oficial, la realidad es que han fallecido esas personas. Está siendo una acumulación de fallecimientos sorprendente e inesperada porque en 2022 bajaron además los accidentes graves y mortales. Saber lo que está pasando, no lo sabemos. Hay que analizar las causas. Lo que sí es verdad es que en la Inspección de Trabajo nos genera muchísima preocupación porque estamos directamente implicados en esta tragedia y nos sentimos impelidos sobre qué hacer para que no suceda. Estamos sobre el terreno y tenemos que decidir acciones e inspecciones, primero, para ver si hay responsabilidades pero también para prevenir.

¿Se están incumpliendo las medidas de prevención?

Somos bastante exigentes. En la mayoría de los accidentes que se han producido, un volumen importante de las sanciones van ahí. Casi siempre hay responsabilidades en la empresa. Hay que recordar que, según la ley, el empleador está obligado a dotar de todas las medidas legales y posibles a su alcance para proteger la salud de los trabajadores. En el momento que fallecen personas hay que volver al principio. La salud en el trabajo es un derecho del trabajador. En caso de accidente grave o mortal hay que demostrar que se ha hecho todo lo posible para evitarlo. Casi siempre vemos un incumplimiento preventivo.

Los empresarios dicen que no hay que buscar culpables.

Desde un punto de vista de la acción, hay que buscar soluciones, pero la Inspección de Trabajo determina si ha habido responsables. El marco normativo fija un sistema de responsabilidades para garantizar la protección del derecho del trabajador. No es que se busquen culpables. Haciendo un símil con el tráfico, si nos saltamos un semáforo también somos responsables y claro que podemos ser culpables y que nos metan en la cárcel. En el Código Penal está tipificado: no poner las medidas de prevención adecuadas para el trabajador es delito. No digo que lo sean todos.

¿El factor humano dónde queda?

En el último accidente mortal –en La Puebla de Albortón–, por ejemplo, por qué se ha roto una silga. La ley establece todas las medidas para que no pase, sobre todo para una empresa que se dedica a eso: qué resistencia debe tener, qué características en función del peso, cómo debe anclarse y cada cuánto hay que revisarla y sustituirla. Probablemente, si se hubiera cumplido todo esto, no se hubiera roto. Un principio de la acción preventiva frente al derecho es que los riesgos deben ser eliminados, aunque todos tenemos corresponsabilidad. Si no se evitan, se minimizan. El factor humano es el último porque es el más difícil de actuar. Por eso siempre hay posibilidad de medidas técnicas, colectivas, de protección, organizativas y formativas.

¿A qué puede deberse?

Estamos investigando todos los accidentes para determinar si hay responsabilidades. No puedo decir qué ha causado esta acumulación pero si vemos esto con perspectiva, es probable que haya una relajación de la atención. Recuerdo que cuando salió la Ley de Prevención en 1995 y todos los años en los que se desarrolló el marco normativo, había tensión social. Partíamos de una realidad de muchos accidentes.

¿La prevención había dejado de ser una prioridad?

Tras la pandemia, había otras preocupaciones. Casi nadie hablaba de prevención y en este momento aparece la acumulación de casos. No puedo relacionar la causa general de lo que ocurre. Lo que es seguro es que si hay accidentes, hay un fracaso. No se han adoptado las medidas. No podemos decir que sea porque hay más actividad económica. Lo que estamos viendo, en una primera reflexión, es que no se está cumpliendo la ley y no hay los recursos que debería.

¿Qué se puede hacer para atajar esta ola de siniestralidad mortal?

En Aragón hemos adoptado medidas pioneras en España porque hay buen clima de diálogo social y una interlocución profesional. En el pasado y hasta ahora, siempre hemos adaptado las medidas a la realidad de lo que pasaba. De hecho, hicimos programas en empresas de alta siniestralidad y otros que tuvieron un gran impacto y dieron resultados, pero ha llegado un momento en que la curva ya no baja. Esos programas hay que revisarlos, están agotados. Y esto tiene que completarse con otras medidas.

¿Hay que reforzar también la labor inspectora?

Los recursos siempre son insuficientes por naturaleza. Pero no podemos poner un policía detrás de cada empresa o trabajador. En este país hay que cumplir las leyes voluntariamente. Haremos nuestros trabajo, pero a grandes males no valen grandes soluciones. Hay que ser ejemplarizantes, como hace Tráfico, que es traumático en sus campañas porque hay muertes. Con los fallecimientos del trabajo debe suceder lo mismo. Ahora bien, si tengo más recursos, vigilaré más. Y si vemos incumplimiento, sancionaremos.

¿Haría campañas de concienciación como las de Tráfico?

Sí, con esa misma filosofía. Hay que pasar del mensaje limpio de cumplir la ley a uno de implicación. Que alguien se vea reflejado. Hay que ver la muerte en el trabajo y tomar conciencia de que antes de que ocurra hay que adoptar medidas. Es más fácil de lo que parece morir en el trabajo.