La Policía Nacional ha detenido esta mañana en un calle de Bilbao al presunto miembro de ETA Juan Francisco Gómez López, alias Patxi, que estaba reclamado por la Audiencia Nacional desde que a finales del 2009 abandonó la prisión, donde entró en 1989 tras ser condenado a penas que sumaban más de 48 años.

Tras su polémica puesta en libertad, el Tribunal Supremo revocó su libertad provisional aplicando la doctrina Parot, y desde entonces estaba en su casa haciendo vida normal. De hecho, cuando el Supremo entendió que debía regresar a la cárcel, llegó a convocar una rueda de prensa en la que advertía que no se iba a presentar voluntariamente, que tampoco tenía intención de esconderse y que entendía que ya había cumplido.

El Ministerio del Interior, que ha informado del arresto en una nota de prensa, ha enmarcado la detención dentro de las investigaciones que realiza la Comisaría General de Información de la Policía Nacional "tendentes a la localización y detención" de miembros de ETA.

Detenido en 1989

Nacido en 1956 y vecino de Ortuella, Patxi fue detenido en abril de 1989 por integrar un talde legal armado de apoyo al comando Vizcaya. En el momento de aquella detención se disponía a robar un vehículo que, según quedó probado en la sentencia que le condenó, el comando Vizcaya iba a utilizar para atentar contra una patrulla de la Policía Nacional. Iba armado con una pistola semiautomática de la marca Sig Saurer y tras su detención se localizó una furgoneta cargada de explosivos.

Aunque fuera armado, sus labores eran básicamente de información. Entre los años 1986 y 1987 suministró al comando Bizkaia información sobre posibles objetivos de ETA, así como matrículas de vehículos que en algún momento podían parecer sospechosos. Su condena fue por los delitos de pertenencia a banda armada, depósito de armas de guerra, tenencia de explosivos, atentado en grado de tentativa y coacciones.

Fue en esa época en el que hoy detenido actuaba como informador, cuando el comando Bizkaia cometió algunos atentados mortales, como el asesinato de un disparo en la nuca del subteniente de la guardia civil Cristóbal Martín Luengo, el 8 de septiembre de 1987, el atentado con bomba lapa en los bajos de un coche policial que costó la vida al agente Vicente Montoya Salazar, el 25 de septiembre de ese mismo año, o el asesinato, un año después, del policía José Luis Barrios Capetillo.