En el quizá sea su mayor desafío político, el expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva aceptó convertirse en el superministro y algo más que la mano derecha de la presidenta Dilma Rousseff para tratar de evitar el anunciado naufragio político de su Gobierno. Lula, quien también ha sido arrastrado por el escándalo de la petrolera brasileña Petrobras, asumirá como jefe de la Casa Civil (Ministerio de la Presidencia) el próximo martes. "Será el ministro de la esperanza", se apresuró en augurar Rui Falcao, presidente del Partido de los Trabajadores (PT).

El líder del bloque de Diputados del PT, Afonso Florence, dijo que la entrada de Lula en el Gobierno ha sido decidida "única y exclusivamente con el objetivo de poner fin a la crisis". Florence descartó que Lula, hasta hace poco la figura más popular del país, y en la actualidad con niveles de desaprobación que rozan el 50%, se proponga frenar las investigaciones judicial en su contra o las que involucran a otros integrantes del Gobierno o el PT.

Días atrás, Lula fue llevado por la fuerza pública a declarar en una dependencia policial, en el marco de la causa que investiga el juez Sergio Moro. Una semana después, la fiscalía pidió su prisión preventiva tras una nueva denuncia por supuestos delitos de lavado de dinero y falsedad documental.

Al asumir como ministro, Lula adquirirá fueros de privilegio. La causa que lleva adelante el mediático Sergio Moro quedará en manos del Tribunal Supremo. "Huye por la puerta de atrás", se mofó el diputado Antonio Imbassahy, del PSDB (centroderecha). Pero Lula tiene objetivos que van más allá de sus urgencias personales: debe salvar a un Gobierno que no puede detener su hundimiento, recomponer la bancada parlamentaria y aventar el peligro del juicio político de una Rousseff que, el pasado domingo, afrontó inéditas manifestaciones callejeras en su contra.