La comparecencia de Oliván en las Cortes estuvo marcada por el rechazo a las medidas adoptadas por parte de la oposición. Especialmente agresivas fueron las intervenciones de CHA e IU, cuyas portavoces, Nieves Ibeas y Patricia Luquín, acusaron al consejero de emitir un "mensaje perverso al responsabilizar al ciudadano de un mal uso de los fármacos", en el caso de Ibeas y de "mentir porque hace menos de un mes y medio le hemos preguntado del repago y ustedes lo han negado", por parte de Luquín.

El diputado del PSOE, Eduardo Alonso, por su parte, aseguró salir "más preocupado" de lo que había entrado, y criticó que se vaya a implantar un sistema de copago farmacéutico en el que "el enfermo contribuirá a la financiación mucho más que el sano" y que podrá suponer que haya personas y jubilados que "tardarán más en ir al médico y se pensará la adquisición de determinados medicamentos".

Ibeas, además, criticó a la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que defendió conseguir la sostenibilidad de la sanidad "mediante una gestión eficiente de los recursos, no por la vía de los ingresos, si no de los gastos" y ahora "hablan de obtener dinero de los bolsillos de los contribuyentes".

El diputado del PAR, Manuel Blasco, estimó que "no podemos ceñirnos a hablar de una de las medidas, sino todas ellas" ya que algunas de ellas son "muy importantes" y "no tienen repercusión económica en el paciente" para "mantener la eficacia y eficiencia y los servicios públicos para todos los ciudadanos", mientras que del copago ha apuntado que si bien "no nos parece que sea la fórmula magistral", hay progresividad y no son cuantías que "vayan a lesionar gravemente los derechos de los pensionistas".

La diputada del PP, Carmen Susín, remarcó que se trata de la "sostenibilidad" del sistema y de que sea "sólido".