Sorprende al ciudadano de la calle que, hasta el momento, ninguna formación política de Aragón haya dirigido al Gobierno central ni al autonómico esta pregunta: ¿qué tienen pensado hacer en el tiempo y espacio con los 14.809 kilómetros cuadrados de la provincia de Teruel? En definitiva: ¿qué proyecto tienen para esta tierra?

Ningún grupo político ha profundizado en la extensa legislación internacional suscrita por el Estado español sobre patrimonio cultural, industrial y paisajístico, ni en su amplia bibliografía nacional e internacional de acceso público para, con los documentos en la mano, cuestionar con solidez los «fallos» de aplicación en lo concerniente a nuestro territorio, pedir su obligatoria corrección y replanteamiento acorde a su estricto y minucioso cumplimiento.

Ideas

Es posible que para contestar a esa y a otras preguntas que se desprenden de ella, traten de recurrir a la repetida frase: este gobierno está haciendo un gran/el mayor esfuerzo…, sacar a colación las cifras con los millones de euros que van a invertir, acogerse al estamos trabajando en ello…, remitir al intento de «participación ciudadana a distancia» mediante cuestionarios en los que, a última hora y cortos plazos, solicitar «ideas», hábil cortina probatoria del grado de presión ciudadana mientras pasa el tiempo para, si esta amenaza… sacar la baza de alguna concesión tras un arduo y duro «periodo» de negociación a cambio de ¿? «Truco o trato». No nos canten milongas. Ya ven que, tristemente otra vez nos han despojado del resto de confianza en ustedes, políticos y NO nos valen esas respuestas. Expongan a la luz el proyecto en «duro» porque proyecto hay, urdido y diseñado durante años por los gobiernos en alternancia siguiendo los dictados de las grandes empresas y subsidiarias. Lo hay. Las empresas empiezan por hacer un proyecto medido y pensado, sobre todo siendo europeas las dueñas del territorio que gobiernos y corrillos de políticos van vendiéndoles mediante el sistema de pactos e intercambios, al uso en dichos círculos, y solo nos anuncian un escueto «resumen» de decisiones consumadas con breves semanas de posible alegación. También en las medidas administrativas se ve el desequilibrio.

Digan a los ciudadanos en cuántos años o meses o semanas y fases tienen previsto convertir esta provincia en el sostén físico de una innumerable maraña de aerogeneradores donde los molinos para energía verde sean la frontera metálica en el horizonte, su sonido sea el monótono ruido de sus aspas día y noche, la hierba placas fotovoltaicas, los terrenos libres se reserven para construir depósitos de residuos y el baño o beber agua libre sea un peligro, teniendo en cuenta que la «buena agua» también es de los mismos y cotiza en Bolsa.

Además, queremos saber qué beneficios sociales y económicos directos y permanentes concretos van a obtener los ayuntamientos, vecinos y particulares en sus recibos y entornos a cambio de la enorme cantidad de energía generada a costa de la provincia, que exportarán fuera de ella. Y asimismo queremos que se explique con claridad en qué situación legal y de uso quedarán los terrenos ocupados al terminar el periodo de explotación energética.

Extraños conceptos

En relación con las construcciones existentes en superficie y/o subterráneas, es necesario y urgente que los gobiernos estatal y autonómico nos expliquen sus extraños conceptos de «economía sostenible» y desarrollo que aplauden y permiten dilapidar millones en desmantelar, destruir, desatender y no proteger legalmente edificios y paisajes industriales existentes, importantes referentes para la sociedad que los rodea y en posible uso, incumpliendo las normas del Consejo de Europa y Naciones Unidas en materia de protección y conservación integrada arquitectónica y medioambiental que, al ratificarlas, España está obligada a cumplir como han cumplido y siguen cumpliendo el resto de países europeos desde hace más de 30 años, ofreciendo ya señeros y numerosos modelos de gran prestigio y rentabilidad social, cultural, ambiental y económica a la vista, visita y conocimiento de todos. Abundando en esa cuestión, es preciso también que nos expliquen por qué tampoco aplican los principios rectores del Plan Nacional de Patrimonio industrial (2001 revisado y actualizado en el 2011 y siguientes) para invertir los medios NO en destruir sino en reutilizar de manera creativa y práctica los edificios industriales en usos diversos: investigación, vivienda, fines sociales, educativos, formativos, universitarios o culturales que generen y diversifiquen empleo, absorban la mano de obra en peligro, dinamicen los recursos y negocios sostenibles del entorno, promuevan y garanticen la continuidad de un variado tejido demográfico.

Es asimismo imprescindible que su respuesta a todos estos temas la concreten a nuestro territorio (social y paisajístico) y, amén de otros documentos que existen al respecto desde principios de los años 80 del pasado siglo y no creemos necesario indicarles, recuerden de manera especial que, en 2007 España ratificó la Carta Europea del Paisaje y siguiendo sus principios, el Plan Nacional establece no solo la necesidad sino la ineludible incardinación del paisaje y patrimonio cultural en la planificación de todas las políticas ministeriales, teniendo en cuenta la mundialmente aceptada definición de «Paisaje» del art. 2 de dicha Carta. ¿Que España, y dentro de España la provincia de Teruel NO son Europa?

"Perfeccionando el método"

Observando el desarrollo de los hechos continuados en el tiempo, parece perfilarse que proyectan utilizar otra vez la provincia de Teruel para llevar a cabo el enésimo y más innovador experimento colonialista de macro basurero desertizable, como cobaya a partir de la cual irán «perfeccionando el método» antes de elegir otra en la «España interior» según necesidades, hasta alcanzar los mares circundantes que, como ya hemos visto, tampoco escapan a la «renovable voracidad energética» sin control.

Esperamos sus respuestas amplias, concretas, francas y fácilmente comprensibles. Ustedes y nosotros estamos necesitados de empezar una verdadera «nueva era» en la que España debería y podría erigirse como modelo ilusionante, posibilidades le sobran, pero no así, sino ciñéndonos rigurosamente a las leyes, su comprensión, aplicación y cumplimiento de arriba abajo para el equilibrio y la Justicia social de abajo arriba.