Reparar una hucha rota

Definamos, de entrada, el marco político de referencia: el régimen público de la Seguridad Social, salvaguardado por el artículo 41 de la Constitución española, es el instrumento por el cual los poderes públicos garantizarán unas «pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente» (artículo 50). Se trata de un modelo que responde a cuatro principios: el reparto – las cotizaciones sociales de los trabajadores se destinan a financiar las prestaciones de los pensionistas–, la proporcionalidad, la gestión pública y la suficiencia.

La universalidad de este modelo distingue entre dos tipos de prestaciones: las contributivas, ligadas a las aportaciones de los trabajadores durante sus años de cotización, y las no contributivas, que se destinan a cubrir las necesidades de las personas que no han cotizado, o no han cotizado los mínimos establecidos. Ahora un informe del ministro Escrivá revela un descuadre en estos criterios: la Seguridad Social ha pagado durante tres décadas con cotizaciones sociales prestaciones no contributivas, como la sanidad, el complemento mínimo de las pensiones, las bonificaciones de cuotas y las ayudas por nacimiento, en mayor proporción de la que el Estado ha prestado a este organismo dinero procedente de los Presupuestos Generales .

En total, 140.000 millones de gastos asumidos por la Seguridad Social en los últimos 30 años para pagar prestaciones que deberían haber sido cubiertas con impuestos. La magnitud de esta cifra se puede resumir así: se podría pagar más de un año de pensiones de jubilación en España. Aunque si ponemos en el otro lado de la balanza la deuda de la Seguridad Social con el Estado, el saldo (un superávit que podría haber llegado a tener el sistema de pensiones) se acerca a los 30.000 millones de euros.

El ministro Escrivá, en su anterior cargo de presidente de la Airef, ya alertaba de estos «gastos impropios» y decía que si se trasladaban al Estado la Seguridad Social estaría en equilibrio o ligero superávit. La prueba de ello es que el déficit se ha reducido desde 2021 con las transferencias para que el Estado asuma el 100% de las prestaciones no contributivas. Se trata, en definitiva, de hacer efectiva la recomendación primera del Pacto de Toledo para preservar la sostenibilidad del modelo: liquidar los gastos no contributivos que ha ido asumiendo la Seguridad Social para volver a una efectiva separación de fuentes de financiación. La desviación histórica del destino de parte de los fondos del organismo no solo es significativa por el volumen de la cifra, sino también porque distorsiona la percepción de hasta qué punto el sistema de pensiones es sostenible.

En términos conceptuales, la defensa del modelo social de referencia plantea la necesidad de no sobrecargar el edificio para evitar que se desmorone por exceso de peso, pero lo que no se puede hacer es sobrecargar artificialmente el pilar de las pensiones. Su sostenibilidad ya está en cuestión por razones objetivas: el envejecimiento de la población, el desempleo en los largos ciclos de crisis y las ajustadas bases de cotización de las nuevas generaciones. La hucha de las pensiones, sin embargo, no puede tener agujeros artificiales. Conseguir que la población asuma cuáles son los ajustes necesarios para reconstruirla ha de estar basada en una rendición de cuentas clara y transparente.

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