Por una Administración medioambiental del siglo XXI

No pretendo pronunciarme sobre la práctica del helibike, al hilo de la renacida polémica de la última semana, porque voces más autorizadas hay que puedan explicar las consecuencias que para el medio ambiente aragonés tiene dicha actividad: basta con releer el dictamen que el Consejo para la Protección de la Naturaleza emitió al respecto.

Creo que resultará más interesante mi punto de vista, en mi condición de funcionario público y de representante de los trabajadores, sobre cómo un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) puede acabar expedientado por hacer su trabajo porque resulta incomprensible desde una triple vertiente. La primera en cómo una actividad turístico-deportiva novedosa se autorice por un servicio provincial en un documento de poco más de medio folio, cuando parece que ni siquiera era competente para ello. La segunda porque, tras casi seis años de litigio administrativo y judicial, el APN encausado no tuviera en todo ese tiempo ninguna información oficial sobre la legalidad o no de la actividad. Y en último lugar, porque la apertura de un expediente disciplinario, que visto el escaso fundamento jurídico que lo sustenta y los graves errores de los que adolece, parece tener como objetivo amedrentar al APN que ha continuado cumpliendo con su deber de informar, y de paso, servir de aviso al resto del colectivo.

La buena noticia en todo este sinsentido es que el señor consejero de Medio Ambiente y Turismo puede poner orden y cordura, por supuesto, regulando adecuadamente actividades novedosas como el helibike, ya que quien dirige el Departamento debe velar por el medio ambiente, pero también es responsable de Turismo, y, no nos engañemos, gran parte del potencial turístico de nuestra comunidad se basa precisamente en la conservación de sus espacios naturales.

También puede hacerlo, ordenando el cierre inmediato del expediente disciplinario abierto contra el eslabón más débil de la cadena: el APN involucrado con su trabajo, vecino también de esas montañas pirenaicas. Quizá los verdaderos responsables están mucho más arriba. Pero, sobre todo, está en su mano modernizar la administración medioambiental; dotándola de medios materiales y humanos que las sucesivas crisis económicas han agotado, situación agravada en el caso de la administración forestal por su dependencia de un Departamento de Agricultura con mucho mayor peso específico, así como por la externalización de servicios a empresas públicas.

También es necesario cambiar su estructura, organización y procedimientos de trabajo, heredados del antiguo ICONA, pendientes de modernizar, impropios del siglo XXI.

Y desde luego, exige mejoras en el colectivo de APN, porque su función como policía medioambiental ha estado arrinconada y desincentivada desde el propio Departamento, más interesado en que cumplan de manera ejemplar como vienen haciendo al frente del operativo de prevención y extinción de incendios forestales, o en su papel como gestores del medio ambiente, que en que con sus denuncias puedan importunar al infractor, en especial si éste es poderoso.

El control de cualquier actividad, como en este caso con el helibike, no puede ser nunca responsabilidad de un único APN. Son necesarios verdaderos centros de trabajo en las cabeceras de comarca, convenientemente equipados, desde los que organizar servicios en pareja, con una estructura jerárquica clara. Es necesaria formación y actualización sobre la normativa medioambiental. Es necesaria una mayor coordinación con los servicios jurídicos del Departamento, trabajando en equipo, sin las disfunciones actuales. Y es necesario reforzar su actuación como policía judicial, reconocida por la Ley de Montes.

Igualmente, es necesario renovar su dotación de vehículos y regular su identificación e imagen corporativa, no solo por razones obvias de seguridad, sino porque para muchos de los visitantes de nuestra comunidad autónoma, la única imagen que tendrán de esta administración es la que transmiten sus agentes forestales en el medio natural que visitan, y el estado actual de su parque móvil y uniformidad nos deja en muy mal lugar.

La sociedad aragonesa y su patrimonio natural merecen una policía medioambiental del siglo XXI.

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