EL DEBATE SOBRE EL FUTURO ESTADIO

El Zaragoza podrá gestionar La Romareda durante 75 años pese a las acusaciones de "pelotazo" de la izquierda

PP, Cs y Vox han votado a favor del dictamen que supone aceptar la alegación del club, que pedía más tiempo de gestión para rentabilizar la inversión. La izquierda opina que se trata de un "plan ya trazado" para beneficiar "intereses privados"

Víctor Serrano, en la comisión extraordinaria de Urbanismo, este miércoles.

Víctor Serrano, en la comisión extraordinaria de Urbanismo, este miércoles. / ANDREEA VORNICU

Iván Trigo

Iván Trigo

El Real Zaragoza podrá gestionar y explotar La Romareda durante 75 años a cambio de adelantar el dinero, unos 140 millones, que costará reformar el estadio. Así se ha aprobado este miércoles en una comisión extraordinaria de Urbanismo en la que los bloques de la izquierda y la derecha han vuelto a dividirse. PP, Cs y Vox han votado a favor, mientras que PSOE, Podemos y ZeC lo han hecho en contra argumentando que la operación es un "pelotazo a costa de la ciudad". No obstante, el proyecto para construir un nuevo campo de fútbol impulsado por PP y Cs va a volver a someterse a información pública, por lo que podrán recibirse nuevas alegaciones, y después deberá votarse de nuevo de forma ya definitiva en una comisión y en pleno. Y hasta entonces podría haber cambios.

Las posturas de los unos y los otros durante el debate han estado claras desde un primer momento. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permite la ampliación de la parcela del estadio y que se ceda el derecho de superficie del equipamiento no supone "en ningún caso" que el Ayuntamiento de Zaragoza vaya a perder "la potestad" sobre el estadio, y es que la izquierda acusa a PP y Cs que la fórmula escogida supone, "de hecho", la privatización de La Romareda.

"Utilizan el mantra de que se va a privatizar el campo como si se fuera a colocar una muralla en torno al estadio", ha reprochado Serrano, quien ha asegurado que el ayuntamiento seguirá disponiendo del estadio para actos como el partido benéfico de Aspanoa, la celebración de macroeventos y otras actividades que el consistorio quiera organizar. "Es una oportunidad para la ciudad que la inversión se haga con inversión privada. En los anteriores intentos lo que ha faltado es que haya habido un verdadero impulso financiero. Y no hay precedentes en Europa de que la operación para construir un campo de fútbol no la haya sufragado el equipo de fútbol de la ciudad", ha argumentado el responsable de Urbanismo.

Informes académicos contradictorios

Así, con los votos de PP, Cs y Vox se ha cambiado la modificación del PGOU que se votó inicialmente en noviembre (entonces Podemos votó a favor y ZeC se abstuvo) para introducir la alegación del Real Zaragoza, que pedía cambiar la catalogación del equipamiento para permitir la cesión del uso de superficie. Esto le garantizaría al club poder explotar el estadio durante 75 años lo que, según sus propios informes encargados a Idom, les permitiría conseguir una rentabilidad en la operación superior al 5%, un margen necesario, afirma la sociedad anónima, para poder acudir a fondos de inversión y financiar así la construcción del nuevo estadio.

Las cifras del Real Zaragoza vienen avaladas por un informe encargado por Urbanismo a la Universidad de Zaragoza en el que dos expertos en Contabilidad y Finanzas, Vicente Condor y José Ángel Ansón, coinciden en que la operación solo puede ser rentable si el club gestiona el estadio durante 75 años.

Sin embargo, el concejal socialista Horacio Royo se sirvió de otro informe, el que encargó el grupo municipal del PSOE a dos catedráticos de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Extremadura, Manuel García Ayuso Covarsí y Juan Monterrey Mayoral, para afirmar que con 40 años de gestión por parte del club bastaría para hacer rentable la operación. "Este es un muy buen proyecto para los inversores del Real Zaragoza pero no para la ciudad", ha afirmado. "Con 40 años de cesión el negocio sería perfectamente rentable pero si se concede por más tiempo lo que están haciendo es promover un pelotazo a costa de los ciudadanos", ha añadido.

Según las cuentas que constan en el informe encargado por el PSOE, con 40 años de gestión por parte del club la rentabilidad de la inversión sería superior al 8%, cifra que ha desmentido Serrano, quien ha dicho que el informe de García Ayuso y Monterrey contiene errores.

"Hoy se produce el desenlace de una gigantesca farsa. Desde el primer momento ustedes tenían la hoja de ruta marcada. No han contado la verdad. Roza el despropósito que usted se jacte de transparencia", ha espetado Royo a Serrano, al que ha acusado de "ser un mal guionista" y de haber orquestado un plan que no habían contado a nadie. "Ustedes sabían lo que hacían cuando presentaron la modificación del Plan General y sabían lo que iba a pedir el Real Zaragoza. Y también que hoy se iba a aceptar esa alegación "del club)", ha afirmado el concejal socialista, que también ha advertido al alcalde, Jorge Azcón, sobre los intereses que tiene en la operación "un empresario amigo suyo", en referencia a Juan Forcén, quien es el único consejero de la sociedad anónima que permanece en el club procedente de la antigua directiva.

Por su parte, desde Podemos, su portavoz, Fernando Rivarés, ha explicado que ceder la explotación del estadio a través del derecho de superficie incumple el acuerdo firmado entre la formación morada y el concejal de Urbanismo para apoyar la modificación del PGOU. "Hasta ahora hemos votado que sí. Hemos sido propositivos y dialogantes, pero pusimos dos condiciones. Que La Romareda siga siendo una propiedad pública y construir una Ciudad del Deporte", ha recordado.

"No es verdad que a Zaragoza no le vaya a costar dinero la operación. El valor del suelo de La Romareda y de los suelos terciarios puede llegar a los 90 millones de euros, por lo que el ayuntamiento tiene que obtener unos ingresos por la explotación del estadio", ha pedido Rivarés, quien ha planteado la creación de una sociedad mixta entre el club y el consistorio para poder repartirse los beneficios que genere el campo y poder financiar así la construcción de la Ciudad del Deporte, una iniciativa impulsada por los morados que supondría levantar numerosos equipamientos deportivos en la ciudad.

Según el portavoz de Podemos, el derecho de superficie supone ceder la propiedad del estadio durante 75 años. "Los intereses que defienden son los intereses privados", ha asegurado.

Lambán evita entrar en el conflicto

ZeC también ha cambiado su postura de voto con respecto a las votaciones anteriores. Hasta ahora, ha explicado Pedro Santisteve, se habían abstenido para evitar poner palos en la rueda en el proyecto, pero aceptar la alegación del Zaragoza para que el club pueda prolongar la gestión del equipamiento es una línea roja para ellos. "Este Gobierno lo que hace es tender puentes de plata a los intereses privados", ha criticado Santisteve, que también ha lamentado que Azcón use el proyecto con "intereses electoralistas". "No están haciendo nada para garantizar el control público del equipamiento. Hoy nos presentan una modificación metida en un paquete con un lazo y nos dicen que o lo tomamos o lo dejamos. Está todo el pescado vendido. Ustedes -ha dicho refiriéndose a PP y Cs- no han tenido ninguna intención nunca de alcanzar el consenso".

En la comisión de este miércoles se ha desestimado la alegación que presentó el Gobierno de Aragón, que afirmaba que parte de los terrenos afectados por la modificación son de su propiedad. Según Serrano, los técnicos municipales han sido quienes han argumentado que "no ha lugar".

Por otra parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha sido preguntado este miércoles por las acusaciones vertidas el martes por el alcalde, Jorge Azcón, quien aseguró que el informe encargado por el PSOE sobre la rentabilidad de la operación Romareda era "de parte". "Es una polémica en la que no quiero entrar. El ayuntamiento eligió a dos catedráticos y el grupo PSOE eligió a otros dos, creo que merecen el mismo respeto profesional".

Lambán ha asegurado también que el Gobierno de Aragón "no tiene voluntad de crispación" con respecto a los asuntos que han distanciado a ambas instituciones en las últimas semanas, como los suelos de la calle Embarcadero o el pago de la deuda del tranvía. "Por nosotros hay voluntad de cooperar y espero que al final lo hagamos. No tenemos ningún interés en polemizar sino lo contrario. No voy a echar ni una sola brizna de leña al fuego porque los ciudadanos no se lo merecen", ha asegurado el jefe del Ejecutivo aragonés.