El Pirineo abre la veda para limitar las viviendas de uso turístico en Aragón

Poco se había parecido hasta ahora el mercado de la vivienda aragonés al de las saturadísimas zonas de costa y de las urbes capitalinas como Madrid y Barcelona. Allí, hasta donde la política en esta materia está lejos de ser intervencionista, se ha comenzado a regular y limitar la extensión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), una tendencia que también ha empezado a calar en algunos núcleos especialmente masificados en Aragón. Varias localidades de referencia como Alquézar, Canfranc o Aínsa han abierto la puerta a limitar, e incluso prohibir, el crecimiento de esta red de pisos que contribuye a estrangular la disponibilidad de vivienda para residentes habituales. La mira está puesta en las comarcas vinculadas a la nieve, pues el Alto Gállego (con 829 VUT), Ribagorza (560) y la Jacetania (521) acumulan más del 56% del total de la comunidad.

El creciente interés por los viajes de interior ha desembocado en que muchas segundas residencias se pongan a disposición del mercado del alquiler turístico, y por ende, con una curva al alza muy pronunciada en la solicitud y autorización de este tipo de viviendas. Desde que este tipo de alojamientos turísticos se empezó a regular en Aragón con un decreto ley en el año 2015, la tendencia al alza ha sido exponencial. De las 233 VUT que estaban en vigor aquel año se pasó a las 1.693 en 2019. En los últimos cuatro años, el volumen se ha duplicado hasta alcanzar las 3.388 viviendas de uso turístico que el Gobierno de Aragón contabilizaba a cierre del mes de abril, que suman 21.184 plazas para visitantes. Del total de alojamientos, la provincia altoaragonesa es la reina con 2.141 viviendas con esta certificación, con una mayor presencia en las comarcas donde predomina el esquí, mientras que Zaragoza provincia suma 780 alojamientos y Teruel, 467.

De esa masificación en algunos puntos son conscientes en la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, cuyo responsable, Jorge Moncada, reconoce que «el debate está abierto». «Los destinos turísticamente maduros están empezando a pensar si permitir o no más viviendas de uso turístico. Es algo que ha ocurrido en ciudades como San Sebastián, Santiago, el centro de Madrid o Palma de Mallorca, pero son los propios municipios los responsables de otorgar las licencias. El Gobierno de Aragón vela por que se cumplan todos los requisitos y tenemos un importante equipo de inspectores. Es algo que siempre se han mirado con lupa, pero quizás ahora un poquito más», explica Moncada.

Limitación a 60 viviendas

Canfranc es uno de los pocos municipios que dio el paso de limitar las viviendas de uso turístico. «Aprobamos una moratoria a la concesión de licencias en marzo de 2023 que hemos ampliado hasta el próximo mes de octubre. El objetivo era elaborar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana con la filosofía de limitar las VUT por sectores y permitir que haya solo entre un 5% y un 10% del total de pisos y que se ubiquen siempre en plantas bajas. Ahora tenemos 67 viviendas dadas de altas y calculamos que no habrá muchas más, como máximo unas 80», explica el alcalde el municipio, Fernando Sánchez. Es la misma modificación que ya se aprobó en Aínsa, que fue pionera al limitar a 60 las viviendas de uso turístico, una vía que rechazaron otros municipios como Benasque.

El debate está abierto a otras pocas localidades. En Albarracín «está sobre la mesa, pero todavía no se han tomado medidas concretas», explica su alcalde, Daniel Úbeda, que matiza que el consistorio está preparando un estudio de la situación para poder desarrollar «un plan estratégico de turismo donde se podrían plantear medidas al respecto».

Alquézar, por su parte, tampoco ha planteado todavía ninguna medida concreta, pero se mantienen expectantes. «¿Llegará el problema? Pues casi seguro, pero tenemos tan poca vivienda a la venta que ahora no nos planteamos limitar los pisos turísticos. Cuestión distinta existe en Zaragoza capital, donde los grupos del PSOE y Zaragoza en Común (ZeC) han elevado sendas mociones al pleno municipal para limitar la concesión de alojamientos turísticos.

En paralelo, también hay consistorios, como el de Canfranc, que se han puesto las pilas con las inspecciones. En el caso de la localidad pirenaica han abierto 10 expedientes urbanísticos por viviendas turísticas ilegales que no estaban dadas de alta, que han sido clausuradas, y avanzan que abrirán «siete u ocho más», revela su regidor, Fernando Sánchez.