Las viviendas protegidas ya construidas en Aragón pero que sus promotores no logren vender podrán ser alquiladas. De manera que en un mismo bloque de VPO se permitirá la coexistencia de diferentes tipologías de residencias, por lo que podrán convivir propietarios de una VPO con vecinos de renta. Con esta inédita actuación se permitirá a los promotores públicos y privados dar salida a estos pisos y, a la vez, facilitar a los demandantes de una vivienda una mayor oferta para el acceso al régimen del alquiler.

Esta es la propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda que se encuentra en estos momentos en las Cortes como modificación a la ley vigente de medidas urgentes de política de vivienda protegida, dentro del proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas presentadas a finales de diciembre, y que se debatirá una vez estén aprobados los presupuestos.

NUEVO MERCADO "En este momento, tal y como está la normativa, un piso de protección oficial solo puede destinarse al fin con el que se calificó. Y si se aprueba la modificación que proponemos, podremos abrir un abanico de posibilidades para facilitar la salida de un buen paquete de pisos al mercado", avanza el director general de Vivienda, Rogelio Silva.

El caso es que tras el boom de la construcción y la llegada de los problemas económicos y de acceso al crédito hipotecario, una importante bolsa de vivienda protegida ya edificada ha sido rechazada por unos potenciales compradores. Los últimos datos facilitados por el departamento desvelaban que siete de cada diez adjudicatarios están renunciando a comprar en estos momentos una VPO. Por lo que esta medida podría solucionar una situación que afecta tanto a promotores como a ciudadanos.

Ante esta nueva situación, son cada vez más las voces que demandan una bajada de los actuales precios del metro cuadrado (módulo) de la vivienda protegida. Pero el director de Vivienda afirma que "de momento no se ha tratado el tema" y emplaza estos asuntos al Foro de Concertación que está previsto que se constituya y en el que participarán los constructores y promotores.

"En este momento, todas las partes están descontentas con la vivienda. Los promotores y empresarios de la construcción, los bancos y entidades financieras y los usuarios o posibles compradores. Todos tienen su parcela y todos tienen que trabajar para solucionar el problema", añade Rogelio Silva.

Esta medida vendría a sumarse a todo un listado de propuestas que el departamento responsable quiere poner en marcha para adaptar el parque inmobiliario a la nueva realidad, marcada por la crisis, el paro, los recortes y las cada vez mayores dificultades de muchos ciudadanos para llegar a fin de mes.

BOLSA SOCIAL Entre ellas, la adelantada por este diario el sábado para crear una nueva bolsa de vivienda social de alquiler destinada a desahuciados, parados y trabajadores con problemas económicos. Esta se incluirá en uno de los seis programas sobre los que actualmente se está trabajando dentro del futuro Plan de Vivienda Social 2012-2015. Con unas mensualidades a pagar por tramos, dependiendo de lo que cada inquilino pueda aportar, este parque lo formarán tanto pisos de propiedad pública como privada.

También se intentará que promotores y entidades bancarias con estocs de viviendas construidas pero vacías colaboren. Al igual que entidades sociales, sindicatos y administraciones públicas, desde ayuntamientos a diputaciones pasando por las comarcas.

El Plan de Vivienda Social 2012-2015 está cuantificado en unos 40 millones y en unas 5.500 actuaciones totales, con las que se contará con distintos colectivos. De hecho, está previsto que antes de febrero también expongan sus propuestas las entidades financieras.