La denuncia por "cesión ilegal" de trabajadores que un exafiliado crítico de Ciudadanos (C's) ha presentado ante la Inspección Provincial de Trabajo de Zaragoza amenaza con desatar un nuevo conflicto interno en la formación. El secretario de organización de la formación naranja, Fran Hervías, visitó ayer Zaragoza para amonestar a los responsables de la contratación investigada y analizar las posibles soluciones jurídicas para el puesto del subdelegado territorial de Ciudadanos, Jesús Lorda, que actualmente figura como contratado por el grupo en las Cortes de Aragón a pesar de desempeñar su labor en la sede del partido.
La gestión de la crisis que ha generado la denuncia laboral quedará ahora en manos del partido a nivel estatal. Los servicios jurídicos ya están valorando la posibilidad de contratar a Lorda a través del partido, utilizando para tal fin la cantidad no finalista que reciben de las Cortes de Aragón.
También existe la posibilidad de que realmente se incorpore como asesor del grupo parlamentario, lo que supondría un cambio en sus funciones, pues hasta ahora, según figura en la denuncia, se actividad consiste "en tareas de atención al afiliado, coordinación de las comunicaciones y el control de los empleados y voluntarios que trabajan en la sede".
El delegado territorial, Ramiro Domínguez, reconoció ayer que el contrato no refleja en los términos correctos la labor que desempeña Lorda dentro del partido. "Ha sido un error fruto de la falta de experiencia en el que no se puede ver mala intención", explicó. La presencia de Hervías en Zaragoza supuso ayer un "tirón de orejas", según fuentes de la formación, por una gestión que ha favorecido titulares negativos días antes del inicio de una nueva campaña electoral.
CONTROL ESTRICTO
La figura del secretario de organización está vinculada al control estricto de los cargos del partido, hasta el punto de que algunos de sus detractores lo conocen con el sobrenombre de Señor Lobo, en referencia al personaje de Pulp Fiction especializado en "resolver problemas".
Los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón emitieron ayer un informe en el que consideran que el caso "no infringe la normativa vigente en materia de subvenciones en el ámbito parlamentario" aunque aprecian "falta de concordancia" entre el contrato suscrito y la labor que realizad la persona contratada.
La letrada mayor de la Cámara, Carmen Agüeras, recomienda que se hagan constar "expresamente" en el contrato las funciones relacionadas con el grupo parlamentario o que se opte por "reconducir la contratación" con carga a las aportaciones no finalistas "que el grupo parlamentario efectúa al partido".
