POLÍTICA MUNICIPAL

El Tribunal de Contratos paraliza la nueva Romareda

El organismo estima un recurso interpuesto por Podemos a principios de mayo en el que se manifestaban dudas legales sobre la figura utilizada en los pliegos del proyecto

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha calificado de "zancadilla de la izquierda" la decisión del TACPA, contra la que cabe interponer un recurso contencioso administrativo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en un plazo de dos meses como máximo

Los plazos para llegar a tiempo a la candidatura del Mundial 2030 quedan comprometidos por el varapalo del Tribunal de Contratos

La Romareda en un partido de la pasada temporada

La Romareda en un partido de la pasada temporada / El Periódico de Aragón

No eran pocos los que veían la luz al final del túnel, pero la nueva Romareda vuelve a quedar paralizada. Esta vez por la vía administrativa, pues el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha tumbado los pliegos que rigen el concurso público para decidir qué empresa demolerá y construirá el nuevo estadio de fútbol de Zaragoza. El organismo entiende que existen irregularidades en el objeto del contrato que presumiblemente se iba a adjudicar el Real Zaragoza SAD tras estimar el recurso presentado en mayo por el grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, que no tiene representación en el consistorio desde las pasadas elecciones. El equipo de Gobierno del PP tiene ahora dos meses para recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aunque los plazos apremian con el horizonte del Mundial de fútbol 2030 cada vez más cerca.

El varapalo deja temblando al proyecto estrella con el que Jorge Azcón llegó a la Alcaldía de Zaragoza y que Natalia Chueca ha heredado para encaminarlo durante este legislatura. El quid de la cuestión está en la naturaleza del contrato con el que se va a licitar el proyecto. El Ayuntamiento de Zaragoza abogaba por la fórmula del derecho de superficie, de carácter privado y sujeta a la legislación patrimonial, pero el Tribunal de Contratos (que coincide con el recurso de Podemos) cree que el contrato «incluye prestaciones de un contrato típico administrativo», como obras, servicios, gestión de obra o gestión de servicios, y que es de carácter público. En los contratos administrativos, el valor estimado de las prestaciones no puede ser superior al 50% del importe total del negocio, tal y como marca la legislación y como planteaba Podemos en su recurso.

Y ahí está el problema legal. En los pliegos no se establece el coste estimado de la construcción del nuevo estadio (aunque el Real Zaragoza ha cifrado en 139 millones su propuesta), por lo que el tribunal entiende que no puede conocer cuál es la prestación principal del contrato y, por tanto, tampoco dirimir cuál es el objeto del mismo. La nueva Romareda entra así en una nueva fase. El proyecto no está judicializado, como ya ocurrió en otras tres ocasiones en el pasado que han acabado con un vetusto estadio que se cae a pedazos, pero el objetivo de la cita mundialista sí queda en entredicho.

La nueva Romareda entra así en una nueva fase. El proyecto no está judicializado, como ya ocurrió en otras tres ocasiones en el pasado que han acabado con un vetusto estadio que se cae a pedazos, pero el objetivo de la cita mundialista sí queda en entredicho.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, compareció este martes de urgencia tras recibir el acuerdo para señalar que se trata de un «mal día para la ciudad y para los zaragozanos» porque «era el mejor proyecto de campo de fútbol que tenía la ciudad, pero la izquierda le ha puesto una zancadilla». Serrano no quiso entrar a valorar la resolución del TACPA, pero sí negó que se hayan dado «errores» en la tramitación del proyecto porque contaba con el informe de la asesoría jurídica y de la intervención municipal. Serrano precisó que en los asuntos jurídicos «hay interpretaciones».

El golpe por la vía administrativa al proyecto estrella del PP de Jorge Azcón, ahora candidato principal a presidir el Gobierno de Aragón tras ser alcalde de Zaragoza precisamente con la Romareda por bandera, llega además en un momento delicado. Los plazos son más que ajustados para cumplir con el compromiso de aspirar a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030 que España quiere albergar, si bien la decisión de la FIFA de posponer la elección de la sede a finales de 2024 o principios de 2025 regala un balón de oxígeno al consistorio zaragozano.

Víctor Serrano con el rostro serio instantes antes de la intervención

Víctor Serrano con el rostro serio instantes antes de la intervención / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El edil huyó de discursos fatalistas y aseguró que «Zaragoza tendrá un nuevo campo de fútbol que será una realidad», por lo que el objetivo «permanece inmutable y no se va a disipar». En este sentido, subrayó que la alcaldesa y su equipo de Gobierno trabajan en ese objetivo y que para cumplirlo, Natalia Chueca liderará el trabajo para que Zaragoza recobre la ilusión». Además, cargó con vehemencia contra la izquierda, sin hacer distinciones entre unos u otros grupos parlamentarios. «Con absoluto pesar para nosotros, la izquierda ha puesto una zancadilla a la ciudad y la estrategia que trazó el cuatripartito de Javier Lambán en el Gobierno aragonés por intentar tumbar el mejor proyecto de campo de fútbol ha tenido éxito con esta resolución», subrayó sobre este resultado, un «daño probablemente irreparable».

Ahora se abre un periodo de incertidumbre presidido por la «reflexión y el estudio» de las acciones a tomar. En principio, el consistorio valorará en un plazo máximo de dos meses si presenta un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la decisión del TACPA, algo para lo que tienen un plazo máximo de dos meses. Serrano señaló que la nueva Romareda iba a generar 335 millones para Zaragoza e planteaba la creación de 3.500 empleos que «ahora están en entredicho».

En el aire queda ese proyecto que el Real Zaragoza presentó para construir el nuevo estadio a cambio de adjudicárselo durante un máximo de 75 años. Redactado por IDOM, planteaba un coste de 139 millones de euros y la finalización del campo en cuatro años, lo que permitiría cumplir con los plazos para albergar el Mundial de 2030.