El PSOE, Podemos y CHA piden la dimisión de Víctor Serrano

Mientras que el Gobierno de la ciudad se afanó en señalar a los partidos de la izquierda como los responsables de que el proyecto de La Romareda quede paralizado, estos no se despeinaron con las palabras de la alcaldesa, Natalia Chueca, y el concejal Víctor Serrano, que acusaron al Gobierno de Lambán de «poner la zancadilla» y de «ir contra los intereses de la ciudad».

Bien al contrario, desde el PSOE, Podemos y CHA culparon directamente al edil de Urbanismo, al que exigieron dimitir «ahora que intenta culparnos a otros de sus chapuzas e incapacidades», según precisó la portavoz municipal socialista, Lola Ranera, que entiende que «solo hay un responsable: el Gobierno del PP con la ayuda de Vox».

La jefa de la oposición en el consistorio, Lola Ranera, pidió la renuncia de Serrano por «haber tomado el pelo a toda la ciudad en medio de una campaña electoral». La resolución del Tacpa responde a las alegaciones presentadas por Podemos, que cuestionaba la legalidad sobre los usos de derecho de superficie y que, a juicio de Serrano, «atañe más a un aspecto de formas que de fondo».

Ranera también consideró que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, debe dar explicaciones «a la mayor brevedad» para garantizar que la ciudad «tenga ese estadio para el Mundial 2030». La socialista incidió en que Zaragoza «necesita un campo de fútbol», algo que su partido ya decía en 2005, «cuando lo judicializó el PP». Asimismo, remarcó que su partido ha repetido en numerosas ocasiones que «nunca» judicializaría este proyecto «por responsabilidad con la ciudad» y pidió que el nuevo que se deba redactar cuente con el «consenso» de los grupos municipales.

«Habrá que iniciar una nueva contratación y Chueca debe dar las explicaciones oportunas para no perder este tren de oportunidades para la ciudad» después de que este tribunal «haya venido a decir que el contrato es nulo» y «que no se ajusta a la legalidad". Es decir, el contrato del campo de fútbol y su procedimiento es ilegal y, por lo tanto, "hay que tramitar un nuevo pliego y un nuevo procedimiento desde el Ayuntamiento de Zaragoza».

«El mayor enemigo del campo de fútbol es Azcón, su Gobierno y sus prisas. Han sido unos tramposos por su urgencia electoral. Los únicos responsables que han puesto en peligro la construcción de un nuevo estadio no es el Tacpa, ni el partido que lo denició, ni el PSOE. El único responsable es el PP», esgrimió Ranera, que recordó que Azcón «me llamó un día y estuvimos hablando una hora», pero «nosotros no hemos participado en la elaboración de pliegos ni en la modificación de Plan General de Ordenación Urbana». Fue el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, «los que decidieron sacar ese tipo de procedimiento».

El Tribunal de Contratos paraliza la nueva Romareda

Desde Podemos se señaló que «tanto en plenos, comisiones y ruedas de prensa como en privado, se advirtió en numerosas ocasiones de que el procedimiento de privatización del campo no se estaba haciendo conforme a la legalidad vigente, lo que ponía en riesgo tanto la construcción del mismo como la candidatura de Zaragoza como sede para el Mundial y que si eso llegaba a suceder sólo habría dos culpables: Jorge Azcón y Víctor Serrano».

«El Gobierno de Zaragoza hizo caso omiso de las propuestas y alternativas que Podemos presentó, como la constitución de una sociedad mixta como la opción que mejor podía conjugar los intereses de la ciudad y de la propiedad, que permitía llegar a tiempo para el Mundial 2030 y facilitaba la construcción de la Ciudad del Deporte sin coste para la ciudad, «pero Azcón y Serrano insistieron en esta privatización del estadio, estableciendo un canon de 36 millones, algo que muy inferior al precio de las obras, que según el Zaragoza era de unos 140 millones de euros, lo que en la práctica supondría un canon de más de 280 millones para que el derecho de superficie fuera de aplicación conforme al artículo 9 de la Ley de Contratos».

Por su parte, el presidente de CHA Zaragoza, Chuaquín Bernal, dijo que Serrano «debe asumir toda la responsabilidad política de este problema, ya que es quien está pilotando esta actuación en la ciudad», dijo el de Chunta, que recordó que el Tacpa no es un órgano político sino administrativo y, por tanto, garante de la correcta tramitación de este proyecto. Ahora es el gobierno municipal quien debe dar explicaciones, asumir las responsabilidades políticas oportunas y solucionar un problema que él mismo ha generado, pero debe hacerlo ya con otro responsable político. Serrano debe dimitir o ser cesado».

Por último, desde Zaragoza en Común, recordaron que todo el proceso fue diseñado «sin contemplar el interés de la ciudad y a la medida de los intereses privados», o lo que es lo mismo, «una privatización de facto del suelo público que no se debe tolerar», por lo que en ZeC creen que es «el momento de paralizar definitivamente este proyecto y retomar una reforma de La Romareda que responda a las necesidades de la ciudad y no suponga un pelotazo urbanístico más».