El exteniente de alcalde de Zaragoza Antonio Becerril será este lunes la primera persona que deba responder de su actuación como político ante un jurado popular tras la recuperación de esta figura en noviembre de 1995. El exconcejal, que se enfrenta a peticiones de condena que suman cuatro años de prisión y 16 de inhabilitación y multas que suman 398.000 euros como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y blanqueo de capitales, compartirá banquillo con los empresarios Carmelo Aured y Juan Carlos Esteban.
El primero, que cumple condena en Zuera por dos delitos de fraude fiscal y es uno de los principales imputados en el caso La Muela, se enfrenta a una petición de condena de dos años de prisión y 300.000 euros de multa por tráfico de influencias, mientras que la Fiscalía solicita para el segundo año y medio de cárcel y la misma multa por idéntico cargo.
Básicamente, la Fiscalía, que estará representada en el juicio por Victoria Esponera, encargada del caso la Muela, acusa a Becerril de haber intentado modificar la tramitación de un concurso, de haber facilitado a Aured información sobre varias contratas del Fondo Especial de Inversión Local (FEIL) que este le solicitaba para pasársela a empresarios amigos, de haber mediado para que la empresa de Esteban --Hormigones y Áridos Pedrola-- recibiera de una UTE liderada por Acciona un contrato de 800.000 euros en las obras de Arcosur, de haber ingresado en sus cuentas 20.370 euros de procedencia desconocida y de haber estado pagando desde 20 cuentas corrientes distintas las cuotas de afiliación al PSOE de 71 jubilados, la mayoría de los cuales desconocían su militancia.
El ministerio público concluye que el primer hecho constituye un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios; el segundo y el tercero, dos de tráfico de influencias; el cuarto, uno de cohecho, y el quinto, uno de blanqueo porque, según su tesis, suponía "introducir en el mercado lícito las ganancias obtenidas como contraprestación al trato de favor e interés mostrado a Carmelo Aured", según indica el escrito de acusación.
Las defensas --los abogados Cristina Ruiz-Galbe, César Ciriano y Miguel Ángel Clemente-- piden la absolución de los acusados. Los dos últimos sostienen que no hay pruebas del concierto entre Becerril, Aured y Esteban, ni de que estos obtuvieran algún beneficio ni de que la información que el concejal facilitó al empresario --varios pliegos de condiciones-- fuera confidencial.
A lo largo de la investigación, desarrollada por el Grupo de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía y coordinada por Francisco Picazo, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, las defensas han expuesto otros argumentos que volverán a estar sobre el estrado en las tres semanas que, en principio, durará el juicio: la UTE de Arcosur no era una entidad pública --requisito necesario para colmar el tipo penal del tráfico de influencias--, los presuntos corruptores no lograron la adjudicación de las contratas por las que se habían interesado, la investigación no ha documentado el origen de los 20.370 euros ingresados por Becerril --fundamental para determinar si fueron un soborno-- y la causa no incluye pruebas de que el dinero de las cuotas tuviera un origen delictivo, requisito sin el que no existe cohecho.
Esas pruebas las valorará un jurado, que dispondrá de 72 horas para, a partir del momento en que se retire a deliberar el 31 de marzo o el 1 de abril, emitir su veredicto sobre los seis delitos que debe enjuiciar. Si no lo logran, el magistrado que presidirá la vista, Alfonso Ballestín, lo disolverá y convocará un nuevo juicio. Fuentes jurídicas llaman la atención sobre la complejidad técnica del veredicto que deben emitir nueve hombres justos legos en Derecho.
En el juicio del caso Becerril, separado del caso La Muela casi un año después de que el Grupo de Blanqueo detectara los primeros contactos telefónicos sospechosos entre el entonces teniente de alcalde zaragozano y el exalcalde y empresario muelano, resultarán fundamentales las grabaciones de esos pinchazos. Las defensas mantienen que deben ser declaradas nulas y no pueden ser utilizadas como prueba ya que vulneraron los derechos de los investigados, mientras que la Fiscalía insiste en su legalidad.
En cualquier caso, la Fiscalía ha solicitado que varias de ellas sean reproducidas en la sala de vistas. Y el contenido de algunas tiene, en tiempos de crisis y de desapego social hacia las instituciones y los políticos que las ocupan, una indudable carga, si no incriminatoria, sí ignominiosa.
Entre ellas destaca una en la que el exteniente de alcalde se refiere con estas palabras al mantenimiento de puentes: "Si hay alguna loseta que cambiar o alguna cosa, que son obricas que al final suman un milloncico de euros a dos años o algo así, que todo suma en años difíciles".
El juicio del caso Becerril comienza mañana con la declaración del exconcejal y sigue el martes con la de los otros acusados antes de dos intensas jornadas con 36 testigos en cada una. Para el viernes quedarán cinco cargos municipales.
El lunes 24 pasarán por la sala, también como testigos, el ejecutivo de Acciona José María Jordán, encartado en el caso saqueo de Plaza, y Vicente Rodrigo, acusado en la operación Molinos. El 25 declaran los policías que dirigieron las pesquisas y el miércoles 26 llegará la audición de los pinchazos antes de que, ese mismo día y el siguiente, comparezcan los testigos de las defensas.
