La Fiscalía de Aragón ha presentado este jueves alegaciones contra la orden sanitaria que aprobó la semana pasada el Ejecutivo autonómico por la cual se imponía el uso del pasaporte covid para acceder a los locales de ocio nocturno y a grandes celebraciones. El ministerio fiscal basa sus argumentos en que la medida no fue «objeto de autorización ni ratificación judicial», dado que el propio Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJA) evitó pronunciarse sobre el asunto al ver indicios de «inconstitucionalidad» en la legislación estatal que dicta que son estos tribunales los que tienen que aprobar las medidas propuestas por los gobiernos de las comunidades.

Aun así, y a pesar de que el TSJA fue el que eludió estudiar esta medida tras la petición del Departamento de Sanidad de la DGA, la Fiscalía considera que la implantación del pasaporte covid no puede llevarse a cabo sin el aval de la Justicia dado que implica una «limitación o restricción de derechos fundamentales». Concluye entonces el ministerio fiscal afirmando que «interesa que se proceda a la suspensión de la vigencia de la orden sanitaria».

Las alegaciones presentadas no suponen, en ningún caso, la suspensión de esta medida por el momento, sino que servirán para que el TSJA decida sobre el recurso presentado por la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza cuando el Gobierno de Aragón decretó la obligación de pedir el pasaporte covid para acceder a ciertos establecimientos.

La cronología de los hechos

El asunto es complejo, pues la cronología de los hechos se ha ido sucediendo y superponiendo en las últimas semanas. Primero fue el Gobierno de Aragón el que, el viernes 19 de noviembre, solicitó al TSJA el permiso para implantar la obligatoriedad del pasaporte covid en el ocio nocturno. Ya el lunes, 22 de noviembre, el tribunal declinó ratificar la medida (aunque no la rechazó) por considerar que hay indicios de «inconstitucionalidad» en la ley estatal que dicta que son estos órganos judiciales autonómicos los que tengan que aprobar las medidas propuestas por las diferentes comunidades para frenar el avance de la pandemia.

Entonces, el Gobierno de Aragón entendió que era de su competencia aprobar esta restricción, la de solicitar el pasaporte covid, por lo que el Departamento de Sanidad publicó el miércoles 24 una orden por la que, el día siguiente, entraba en vigor esta medida. La decisión no gustó a la asociación que agrupa a los empresarios del ocio nocturno, por lo que recurrió la norma de la DGA ante el TSJA el jueves 25 de noviembre. Además, pidió al tribunal que tomara medidas cautelarísimas y que suspendiera su vigencia hasta que hubiera un dictamen sobre la misma.

Por su parte, el viernes el TSJA desestimó las medidas cautelarísimas y no suspendió la orden, y fue cuando abrió un plazo para que el Gobierno de Aragón y la Fiscalía de la comunidad presentaran alegaciones contra el recurso presentado por el ocio nocturno. Y ese límite ha terminado este jueves, que es cuando el ministerio fiscal ha presentado sus conclusiones. La DGA lo hizo el miércoles.

En sus alegaciones, además, la Fiscalía considera que sí es competencia y, por lo tanto, se fundamenta en la Constitución, que los tribunales superiores de justicia decidan sobre las medidas propuestas por los gobiernos autonómicos en contra de lo que opina el propio TSJA. Así, ante la falta de ratificación, considera el ministerio fiscal que se podrían estar vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, cuestionan que el pasaporte covid se aplique en toda la comunidad sin tener en cuenta los distintos niveles de incidencia de la pandemia y que su vigencia se prorrogue en el tiempo hasta que «el Gobierno de España declare finalizada la crisis sanitaria».

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EL EJECUTIVO SE DEFIENDE

El Gobierno de Aragón también ha presentado ya sus alegaciones ante el recurso presentado por la asociación de empresarios del ocio nocturno y en ellas incide en los mismos argumentos en los que se amparó para aprobar la obligatoriedad de solicitar el pasaporte covid para acceder a estos establecimientos. Además, ante las dudas planteadas por el sector para ratificar la veracidad de los certificados, la DGA dice que pueden pedir el DNI de igual modo que lo hacen para confirmar que los asistentes a las discotecas son mayores de edad. También da cuenta de la «situación vacunal»: el 77,4% de los jóvenes de entre 20y 29 tiene las dos dosis.