Objetivo: acabar con la infradenuncia por incidentes racistas en Aragón

La discriminación racial o étnica existe y cualquiera puede ser víctima de ella, aunque en muchas ocasiones no se percibe como tal. Que no dejen a una persona entrar a una discoteca, diversos comentarios o no le permitan alquilar una vivienda lo es. En mayo del año pasado se puso en marcha en Aragón una oficina de servicio de asistencia y orientación a víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre), un servicio que a nivel nacional funciona desde 2013. 

Desde su apertura y hasta final de año, atendieron 37 casos (un 2% de los 1.570 a nivel nacional), siendo una de las comunidades con menor índice, junto La Rioja, Navarra, País Vasco, Asturias o Murcia, mientras que en el ámbito opuesto se sitúan Andalucía (con un 17%) y Madrid (12%).

Los perfiles que llegan hasta la oficina que gestiona en Zaragoza Accem son «ciudadanos normales, hombres, mujeres» y en cuanto a la edad, a partir de 18 «y hasta 70, tanto extranjeros como nacionales, que han adquirido la nacionalidad, pero también españoles», señala Kossi Siméon, técnico del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas del Cedre. Por provincias, Zaragoza aglutina el mayor número de casos, con 33, mientras que en Huesca y en Teruel se notificaron dos en cada una. «Muchas personas piensan que el racismo solo se da hacia ciudadanos extranjeros pero no es así», asevera, ya que «los gitanos sufren mucha discriminación». De hecho, en el informe nacional se incluye un apartado sobre asentamientos informales en el que se nombra Cañada Real (Madrid) y Pomecia (Teruel), donde se está acompañando a las familias que residen en el barrio de la capital turolense ante el riesgo de derribo de sus viviendas para garantizar una alternativa habitacional. De hecho, una sentencia judicial acaba de impedir la demolición.

En el total de la comunidad 22 fueron individuales y 15 colectivos. Simeón explica la diferencia: el primer caso se da cuando a un joven, por ejemplo, le impiden el acceso a una discoteca por «motivos raciales». En el segundo, si se produce a una pareja, por ejemplo un chico de Malí y una chica de Venezuela o si, por ejemplo, se da por acceso a una vivienda porque se rechaza o incluso «en el anuncio pone ‘Solo para españoles’», señala.

Empleo, educación o vivienda

Este servicio se inauguró en Aragón en mayo del año pasado «porque se vio la necesidad, así que nosotros nos subimos en el tren en marcha», aunque antes había ya otras entidades que trabajaban por la eliminación de la discriminación. Ahora, la oficina depende del Ministerio de Igualdad.

«El racismo que ha sufrido Vinicius para nosotros es el día a día», reconoce

Los casos que se han detectado en la comunidad son diversos, afectan al empleo, la educación, la sanidad, etc. «Cubre todos los ámbitos», reconoce. Sin embargo, apunta que se ven muchos casos por empadronamiento y por los permisos de conducir. En el caso de los primeros porque el funcionario «lo impide, pero no porque no quiera sino porque desconoce la ley y le niega el empadronamiento», puntualiza Siméon. En cuanto al carné de conducir con «países conveniados» existe en el caso de refugiados un plazo de seis meses para canjear. El documentos de protección internacional (válido por 9 meses) es como el NIE, explica pero «no se reconoce para el permiso de conducir», por lo que a los 9 meses caduca y «pierde ese derecho», señala. Es ahí donde intervienen los mediadores porque «es necesario mucho trabajo de entendimiento».

Siméon tiene claro que existe infradenuncia y de hecho reconoce que este año (se contabilizarán los casos de los doce meses) habrá un incremento porque «hay más difusión» y más campañas para dar a conocer la oficina.

¿Por qué se denuncia poco? «Porque la discriminación se considera habitual, se está familiarizado y se asimila que uno no tiene los mismos derechos y lo asume», pero además existe «miedo real a las represalias» en casos como cuando una persona que no tiene papeles tiene un «encontronazo con la policía, que es quien le tiene que proteger». También en casos en los que el afectado «en lugar de luchar busca soluciones alternativas». Esto se da, explica, en el caso sobre todo de la etnia gitana al que «no quieren alquilar pese a que tiene una nómina y un contrato indefinido», así que «cambia su apellido», un hecho que «es delito y trae más problemas que soluciones».

Preguntado por el caso Vinicius el responsable de la oficina critica los insultos. «Es una víctima», insiste, pero también afirma que «para nosotros es el día a día. Hay ciudadanos de segunda. Para mí el de Vinicius es un caso más pero hay muchos que no tienen tanto tirón, lo único que provoca es poner el foco en la situación», concluye. Para denunciar los casos está el teléfono 021 o el whatsapp 628 860507 y de forma presencial, en la oficina de Accem (Avda. de Ranillas, 3) y en el teléfono 976 976 117.

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