El papel de la abogacía en la Administración de Justicia

Uno de los fines de los colegios de abogados es la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de la Justicia. El Estatuto General de la Abogacía Española, que tiene rango de norma reglamentaria, nos confiere la importante función de organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse.

Pero esta función va más allá. A la abogacía se le impone la obligación legal de prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. Y así tiene su reflejo en la Constitución Española, siendo la única profesión a la que hace referencia expresa nuestra carta magna.

El Real e Ilustre Colegio de Abogados no sólo presta este servicio de asistencia jurídica gratuita, sino también muchos otros. Unos, reconocidos por la Ley Autonómica 9/2017, como el servicio y asistencia jurídica al inmigrante, a la mujer o a la población reclusa y otros, por convenio o contrato con las diferentes administraciones. Así, con el Gobierno de Aragón existen convenios en igualdad o mediación en igualdad y con el Ayuntamiento de Zaragoza el convenio de asesoramiento a afectados por la ocupación ilegal y anteriormente de mediación hipotecaria.

"Hoy hay más de 700 abogados y abogadas adscritos al servicio de asistencia jurídica gratuita y a otros servicios"

La implicación de los abogados con la sociedad está fuera de toda duda. Hoy hay más de 700 abogados y abogadas adscritos al servicio de asistencia jurídica gratuita y a otros servicios, garantizando que, cualquier ciudadano, en todo momento, durante 24 horas, los 365 días del año, tendrá asegurada, aunque no tenga medios económicos, la defensa legal que le corresponde.

Por ello, resulta absolutamente incomprensible que los poderes públicos, los diferentes gobiernos, mantengan, año tras año, congeladas las remuneraciones, ya de por sí magras y escasas, de los abogados que, de forma generosa y altruista, prestan estos servicios.

7 años sin revisión

La falta de actualización de baremos de honorarios a los abogados del turno de oficio es un problema a nivel nacional que tiene, desgraciadamente, su reflejo en nuestra comunidad autónoma. Así, en Aragón, llevamos 7 años sin que se produzca revisión alguna de dichos baremos cuando el IPC, en este periodo, se ha incrementado en más de un 15%. Este es un debe del equipo de gobierno saliente que deseamos no haga suyo la nueva Administración de Justicia del Gobierno de Aragón.

Sin embargo, este menosprecio de la Administración hacia la abogacía no merma, en absoluto, la dedicación y profesionalidad de nuestros abogados quienes, a pesar de todo, continúan prestando, de forma ejemplar, el servicio de asistencia jurídica gratuita. El justiciable, el ciudadano, no es culpable del desdén de la Administración a la que pagan sus impuestos. Por ello, el abogado que asiste a un detenido, a una víctima de violencia de género, a un beneficiario del servicio de asistencia jurídica gratuita no verá merma en el trato y la dedicación de su abogado o abogada.

Pero esta responsabilidad del abogado no debe entenderse como conformidad o aquiescencia con una situación injusta. La abogacía está siendo maltratada por las diferentes Administraciones Públicas y la lealtad que siempre van a encontrar en la abogacía no debe ser malentendida. El colegio y sus abogados cumplirán fielmente con sus obligaciones, pero con la misma firmeza defenderán sus derechos. 

El Colegio de Abogados de Zaragoza fue pionero a nivel nacional en los servicios de asistencia a la mujer, al inmigrante, a los presos. También es el colegio de abogados más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa y, consecuentemente, del mundo. El año próximo cumplirá 625 años de existencia. Esperamos que en 2024 se consigan las justas reivindicaciones de nuestros colegiados y sea, por fin, el año de la definitiva consolidación de unos derechos que se nos vienen negando sistemáticamente.