El Instituto Aragonés de Seguridad Vial aúna "voluntad" para su creación

La creación del Instituto Aragonés de Seguridad Vial es una vieja reivindicación de algunas entidades de la sociedad civil aragonesa vinculadas al sector del tráfico que, ahora, vuelven a declarar su «voluntad» para poner en marcha este organismo. Por el momento, el proyecto todavía se encuentra en una fase incipiente aunque la intención es «dar los primeros pasos» a lo largo de los próximos meses para elevar las reivindicaciones al Gobierno de Aragón, tal y como ya se hiciera durante los mandatos socialistas de Marcelino Iglesias (1999-2011) y Javier Lambán (2015-2023).

Así lo explica a este diario Juan José Alba, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza, quien indica que es pronto para «plantearlo formalmente» si bien el objetivo es presentar un borrador «sobre la mesa» de Azcón a lo largo de esta misma legislatura. El investigador ya admite los «primeros movimientos» y «sondeos» entre varios representantes del sector para retomar un proyecto cuyas líneas maestras serían muy similares a las ya esbozadas en anteriores ocasiones.

Como punto de partida se requeriría la dotación de personalidad jurídica a la institución con una «dotación económica propia» para llevar a cabo los proyectos e iniciativas. Entre ellos, señala Alba, se pueden impulsar «políticas más ambiciosas» sobre las líneas generales del estudio de la seguridad vial, especialmente, en los ámbitos de la educación –«formación en materia de tráfico y empezando ya con los niños», concreta–, la sanidad, la confección de estadísticas o el análisis de trabajo.

Con todo ello, el objetivo es el impulso de una institución transversal –«se va a proponer el estudio al Gobierno de Aragón», adelanta el investigador– que pueda coordinarse con otros departamentos de la DGA como el área de Justicia o Fomento e incluso trabajar mano a mano con profesionales del campo de la psicología. Todas estas reivindicaciones ya llegaron a las mesas del Ejecutivo autonómico con dos solicitudes remitidas a través del entonces Justicia de Aragón por medio de García Vicente en 2008 y en 2015 y una tercera que ya no llegó a tramitar Dolado en noviembre de 2018.

Las citadas misivas incluían hasta doce funciones que podrían asignarse al Instituto como, por ejemplo, el asesoramiento a la DGA para «disminuir los accidentes de tráfico o sus consecuencias» y la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial junto a otras administraciones públicas o entidades privadas.

Precisamente, la solicitud dirigida al Gobierno de Aragón comenzaba aludiendo a la premisa de «alcanzar un objetivo tan importante y prioritario para Aragón como reducir el daño humano y material que originan los accidentes de tráfico». También hacían referencia, por un lado, a la asistencia a las víctimas de siniestros viales en colaboración con los departamentos competentes y, por otro, a la mejora de las aptitudes y las actitudes de los ciudadanos durante su preparación para la obtención del permiso de conducir.

Ambas solicitudes fueron respaldadas en su día por un buen número de entidades como la Asociación Mutua Motera, la Federación Aragonesa de Motociclismo, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, STOP Accidentes, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón, la Sociedad Española de Medicina de Tráfico o la Asociación de Traumatismo Encéfalo Craneal y Daño Cerebral de Aragón. A día de hoy no firmarían las mismas instituciones, «pero habría incluso más» para retomar un proyecto que ha perdido fuerza en los últimos años. Precisamente, García Vicente admitía durante la clausura de unas jornadas sobre accidentes de tráfico en 2017 que la figura de la exresponsable de la Dirección General de Tráfico, María Seguí, había sido «una piedrecilla en el camino» para la creación del organismo. «Existe voluntad en la sociedad civil aragonesa», sentencia a día de hoy Alba.