Pedro Sánchez busca un sastre para atar a Stellantis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién investido en el cargo, tiene que buscar un buen sastre, sin dilación, para no dejar escapar una de las mayores inversiones empresariales que hay actualmente sobre la mesa en España. Este es uno de los principales deberes de la nueva legislatura a los que debe dar respuesta, a través del Ministerio de Industria, si quiere atar la fábrica de baterías que Stellantis plantea instalar junto a su planta automovilística de Figueruelas. El grupo salió trasquilado en el último reparto de ayudas del Perte de vehículo eléctrico y conectado (VEC) al recibir solo 55,9 millones de euros para impulsar este proyecto milmillonario, una cuarta parte de los fondos a los que aspiraba la multinacional y de las subvenciones concedidas a otras propuesta similares en otras comunidades autónomas. Todavía es posible revertir este desequilibrio y salvar la papeleta, como así esperan que ocurra todos los agentes implicados, pero también hay motivos para no pecar de confianza vistos los precedentes.

Ninguna de las partes implicadas ha querido aclarar las causas exactas del descosido en las ayudas, aunque es sabido que ha obedecido a razones técnicas de la convocatoria. La empresa no ha cumplido alguno de los requisitos que exigían las condiciones del programa financiado con fondos europeos de recuperación, pero tanto el Ejecutivo central como el autonómico son optimistas y confían en dar una salida a un proyecto trascendental para Aragón. De ello depende que se pueda asegurar el futuro a largo plazo de la industria del automóvil en la comunidad, un sector que es columna vertebral de la economía y el empleo a nivel autonómico. Pero también se la juega España, pues es clave para anclar a su mayor fabricante de coches, que con tres factorías de Zaragoza, Vigo y Madrid aglutina casi el 40% de la producción nacional.

Lo más positivo es que la iniciativa no haya caído en saco roto de momento a pesar del revés sufrido en el Perte. No obstante, la inversión, que podría rondar la friolera de los 3.000 millones de euros y generar varios miles de empleos, sigue en el alero a la espera de que se clarifique su viabilidad económica. Para que acabe prosperando hará falta que el Estado teja cuanto antes un traje a medida que colme las necesidades de apoyo público que requiere una industria de esta envergadura. Así lo exige Carlos Tavares, el incisivo patrón del gigante del motor surgido hace dos años de la fusión entre PSA (Peugeot Citroën) y FCA (Fiat Chrysler).

Los incentivos estatales asignados hasta ahora al proyecto «no han cumplido las expectativas», como reconocen abiertamente en la compañía. En el cuartel general del grupo en París cayó como un jarro de agua fría la resolución definitiva de las ayudas de Industria, que ha logrado en esta convocatoria repartir el 95% de los 550 millones con los que contaba la línea de subvenciones para baterías del Perte VEC II. En concreto, 528,9 millones distribuidos en 26 proyectos de 21 empresas, de manera que ha quedado un sobrante de poco más de 21 millones.

Había voluntad política en el ministerio que dirige en funciones Héctor Gómez para dar el máximo respaldo a Stellantis, como así lo certificó él mismo en una reciente visita a Zaragoza. En las declaraciones que realizó el 17 de octubre en un acto celebrado en el Mobility City prometió esforzarse «al 220%» para lograr que se materialice la ansiada gigafactoría en tierras aragonesas, unas palabras con las que trató de calmar la inquietud generada pocos días antes por el reparto provisional de las subvenciones, que otorgaban apenas 53,4 millones al proyecto, bautizado como Antares. Ese compromiso, sin embargo, quedó diluido en la adjudicación final del dinero público. Tras las alegaciones presentadas por la empresa, los técnicos solo incrementaron la asignación inicial en 2,5 millones.

Ni Stellantis ni el Ejecutivo aragonés "pierden las esperanza" de que la fábrica de baterías llegue a Figueruelas

El agravio comparativo con otras fábricas de baterías promovidas en España es patente. La cantidad asignada a la multinacional está muy por debajo de lo recibido por otros proyectos de similar tamaño. La firma china Envision ha obtenido casi seis veces más fondos en la misma convocatoria del Perte, al hacerse con 300 millones (200 de subvención y 100 en préstamos). También es notablemente superior la cantidad que se concedió hace un año al grupo Volkswagen para su proyecto de Sagunto (Valencia), que logró finalmente 195 millones (100 del primer Perte y 95 de otra partida), aunque en este caso también tras un tira y afloja con el Gobierno.

Desde el ministerio se ha tratado de quitar hierro a lo ocurrido y por motivos de confidencialidad no aclaran las razones del gatillazo sufrido por Stellantis, que se hizo con un total de 66 millones en el Perte gracias a otras dos iniciativas para el montaje de baterías en sus plantas de Figueruelas y Madrid. Lo importante para Industria es que sigue colaborando estrechamente con la compañía para llevar a buen puerto la gigafactoría. El Gobierno ha puesto a su disposición los instrumentos de financiación disponibles para alcanzar el máximo al que esta aspira.

14 marcas de Stellantis

Tampoco la empresa ha querido arrojar luz sobre las razones técnicas de este infructuoso resultado, pero el gigante francoamericano del motor ha dejado claro que pese a todo no ha tirado aún así la toalla. El grupo, que abarca 14 marcas automovilísticas, asegura que mantiene su apuesta por invertir en España en grandes proyectos como la fábrica de baterías de Zaragoza, que podría llegar a ser la mayor del país con una capacidad de hasta 60 gigavatios. Eso sí, ha advertido que para hacerlo «es fundamental el apoyo de las instituciones públicas». Empresa y Gobierno trabajan así en una hoja de ruta para alcanzar el nivel de ayudas necesarias a través de otros mecanismos y líneas existentes. En este contexto, la gran esperanza es la tercera convocatoria del Perte VEC, que saldrá a principios de 2024 dotada con más de 1.200 millones.

Así las cosas, el vaso se ve más bien medio lleno a día de hoy. El diálogo entre la empresa y los gobiernos de España y Aragón es fluido y permanente. Pero si hay algo que hace sembrar las dudas sobre el final feliz del proyecto es el silencio que guarda Tavares al respecto. La falta de algún gesto o pronunciamiento del factótum directivo genera suspicacias, según reconocen fuentes conocedoras del proceso. La incertidumbre permanece por tanto sobre una instalación por la que suspira Aragón, que confía en que se encuentre un sastre para evitar que le hagan nuevo roto.

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