INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS
La DGA dejó sin gastar 492 millones de fondos europeos en el año 2022
El órgano señala que la comunidad redujo su deuda por primera vez en dos décadas
La Cámara afea la alta tasa de temporalidad, que afecta al 49% de los empleados

El actual consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, conversa con su antecesor, Carlos Pérez Anadón. / Jaime Galindo

La ejecución de los fondos Next Generation en Aragón aumentó de un 6% en 2021 a un 22,3% en 2022. Pese a ello, todavía se quedaron sin ejecutar 492 millones de euros, lo que traslada al futuro una mayor carga de gestión con la fecha límite del 31 de diciembre de 2026. Así se desprende del informe de fiscalización de la Cuenta General de la comunidad autónoma correspondiente a 2022 publicado ayer por la Cámara de Cuentas de Aragón, que apunta no obstante un mayor dinamismo en la ejecución del resto de las inversiones, que en 2022 alcanzó el 88% por importe de 248 millones frente a los 149 de 2021.
Este informe, que ya ha sido remitido al presidente de Aragón y a las Cortes para su presentación y debate en el pleno, incluye la auditoría de las cuentas anuales y la fiscalización del cumplimiento de la legalidad de la gestión presupuestaria, personal, endeudamiento y morosidad, y también recoge un análisis específico de la temporalidad en el empleo público.
De acuerdo al mismo, en 2022 la comunidad autónoma gastó 7.379 millones, siendo la mayor cuantía para asistencia sanitaria (2.300 millones), 965 para programas de educación no universitaria, 473 para política agraria común y 380 para servicios sociales. Al margen de los servicios esenciales, el segundo programa con mayor gasto es el correspondiente a la amortización y gastos financieros de la deuda, con 1.326 millones.
Ese año Aragón ingresó 7.137 millones de euros, el 55% de ellos (3.927) procedentes de las aportaciones del sistema de financiación autonómica, 1.103 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 649 de la recaudación por los tributos propios y cedidos y 429 de las transferencias comunitarias para la PAC. Además, en 2022, la comunidad recibió 289 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRTR) y 52 millones del instrumento React-UE procedentes de Bruselas.
El órgano fiscalizador destaca que por primera vez Aragón redujo su endeudamiento en los últimos veinte años, en 103 millones de euros respecto a 2021, situándose en 8.957 millones, según los datos del cuarto trimestre del Banco de España. Redujo también los intereses en 15 millones.
El remanente de tesorería fue negativo, por 1.016 millones de euros, y el resultado presupuestario también, por 418 millones, y el saldo de la cuenta de gastos pendientes de imputar al presupuesto se incrementó en 64 millones, hasta los 205, de los cuales, la auditoría confirma que 112 millones figuran en esta cuenta por falta de presupuesto. El 76% del total corresponde a obligaciones generadas por el Salud.
Informe fiel... con excepciones
Aunque el informe señala que las cuentas de Aragón reflejan fielmente la imagen de su patrimonio, situación financiera y resultados económico-presupuestarios, apunta excepciones como la falta de rendición de la cuenta del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).
El informe apunta que Aragón incumplió el periodo medio de pago a sus proveedores, de 30 días según la ley, todos los meses del año y que en tres de ellos rebasó el límite de 60 días. En promedio anual, el periodo medio de pago en Aragón se situó en 51 días, el doble que la media de las comunidades autónomas, que fue de 25.
Según el estudio, el Gobierno de Aragón convalidó también gastos por 42 millones de euros, el 94% por haberse realizado sin contrato. El 41% del gasto convalidado corresponde al Salud por la compra de material sanitario y el 35% al gasto de transporte de Educación. La auditoría también ha observado el pago de retribuciones en el Salud por prolongación y exceso de jornada sin mecanismos de control horario.
A final de 2022, Aragón tenía 60.665 empleados públicos con una temporalidad del 49,5%. El 46% de los empleos temporales se concentraba en el Salud y, el resto, entre personal docente de los centros públicos no universitarios (28%) y el que presta servicios generales en la Administración de la comunidad autónoma y sus organismos públicos (25,9%).
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