Los pueblos de los habitantes ‘invisibles’

Siendo la movilidad poblacional más cotidiana la de los trabajadores que acuden a Zaragoza a sus respectivos empleos provenientes diariamente de los municipios de las inmediaciones de la capital aragonesa, cada vez es más habitual también el fenómeno contrario: habitantes de la ciudad que, arrastrados por la pujante industria y por las empresas que se dedican a la logística, abandonan Zaragoza para acudir a trabajar a otros lugares.

A ellos se les suma muchos funcionarios, especialmente del sector educativo y sanitario, que también tienen que salir de su habitual lugar de residencia. Tanto es así que algunos municipios del área metropolitana de Zaragoza o incluso algunos que están más alejados se vean invadidos por un grupo de trabajadores que no son sus habitantes, pero a los que casi se les puede considerar vecinos.

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Esta casuística llega a tal extremo que en alguna de estas localidades se da la circunstancia de que el número de empadronados es inferior al número de trabajadores que albergan en sus territorios. Es el caso de El Burgo de Ebro, que, según las cifras que maneja su propio ayuntamiento, cuenta con un censo de 2.660 habitantes, pero genera alrededor de 3.500 puestos de trabajo. «Ante todo, estamos tremendamente agradecidos por esta situación. Es sinónimo de hacer las cosas bien y estamos encantados de que venga tanta gente a trabajar», valora Vicente Royo, el alcalde de El Burgo de Ebro.

Eso sí, esta descompensación genera, como en el resto de municipios, una problemática para la gestión de la localidad zaragozana que deja provoca una serie de reivindicaciones que Royo considera «imprescindibles» para el desarrollo de El Burgo. «El primer problema es la vivienda. Nosotros tenemos suelo y estamos dispuestos a cederlo para nuevas construcciones», asegura el alcalde, que subraya que hay interesados en instalarse en el pueblo y que van al ayuntamiento a preguntar por las posibilidades de encontrar alojamiento. Asimismo, Royo asegura que el municipio necesitaría un segundo médico fijo para dar atención sin «congestionar todavía más» el centro de salud.

Funcionarios

Una situación que, con sus variantes, se repite en muchas localidades del entorno de Zaragoza, como es el caso de Daroca. El centro penitenciario acoge a muchos trabajadores, aunque Miguel García, alcalde de la localidad, asegura que la cárcel «más o menos se autoabastece». Sin embargo, el regidor del municipio zaragozano señala que todos los días acuden a trabajar «alrededor de 450 funcionarios públicos» y muchos más trabajadores de empresas privadas. «Por supuesto que no tenemos nada en contra de ellos, faltaría más, pero son personas que pasan inadvertidas a la hora de analizar los datos que luego acaban siendo fundamentales para la obtención de financiación para muchos proyectos», explica.

Esa invisibilización provoca la congestión de algunos de los servicios municipales, porque «la teoría dice que ellos no los van a utilizar aquí», dice. «No pedimos que se vayan, ni mucho menos, simplemente pedimos que consten y que se tengan en cuenta a la hora de repartir los recursos», reclama García. «Es un problema que se ve poco, pero que tiene mucha incidencia», añade.

Estas desigualdades se podrían solucionar si una buena parte de los trabajadores que van y vienen todos los días a las localidades se instalaran definitivamente en sus núcleos poblacionales. «Hay gente a la que, por sus circunstancias personales, le interesa ir y venir y es completamente lógico, pero hay que dar facilidades para que el que se quiera quedar tenga esa oportunidad», analiza García. Para el regidor de Daroca, eso pasa por dos claves. «En nuestro municipio hay mucho trabajo, pero lo ideal sería que lo hubiera de mejor calidad, en especial, contratos de mayor duración», señala.

Limitados

La Almunia es otra localidad que, sin atreverse su alcalde a dar un dato concreto, «acoge casi tantos trabajadores como habitantes», dice. «Estamos ya acostumbrados y nos encanta recibir gente, pero sí es cierto que nos exige un extra como ayuntamiento», explica Noé Latorre. «Las instalaciones que tenemos nunca son suficientes. Además, nuestro margen de maniobra es muy limitado y hay a cosas que, por muchos que queramos, es imposible llegar», añade el alcalde. También en La Almunia existe un grave problema de falta de vivienda. «Hace ya años que tenemos dificultades. Los alumnos que venían a la universidad intentaban quedarse aquí y todos no podían. También sé de casos de trabajadores a los que no le queda más remedio que compartir pisos», recuerda Latorre.

Por ello, Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, algo más distanciada a Zaragoza, ve una oportunidad de «crecimiento sostenible» en la construcción de nuevos proyectos de vivienda. «Como ayuntamientos nosotros estamos muy limitados. Podemos colaborar o ayudar, pero esas cifras de financiación se nos escapan y si no entra ninguna empresa privada es inviable», analiza Ortiz, que pide más implicación del Gobierno para que los pueblos puedan tratar de retener a los trabajadores de su entorno. «A donde no llegué lo privado, tendrá que llegar lo público», subraya el alcalde de Cariñena.

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