El Gobierno de Aragón construirá vivienda pública de alquiler en los municipios más turísticos

En Sallent de Gállego hay trabajadores de la estación de esquí de Formigal que viven en autocaravanas. A otros no les queda más remedio que alojarse en lugares muy alejados, a media hora en coche o incluso más de las pistas. El motivo es que no pueden permitirse el lujo de pagar los alquileres que se piden, una situación que se repite en otros municipios turísticos de Aragón, especialmente en el Pirineo oscense, pero también en algunas localidades de Zaragoza y Teruel. Son zonas donde el mercado de la vivienda está claramente tensionado al estar los precios por la nubes.

El Gobierno de Aragón ha decidido tomar cartas en el asunto ante un problema que preocupa cada vez más en las poblaciones que lo sufren, pero lo hará desde la perspectiva de la oferta, mediante la promoción y construcción de vivienda pública de alquiler en, al menos, diez localidades de las tres provincias.

Se trata de uno de los pilares del programa Aragón Más Vivienda, el primer gran proyecto de la legislatura que ha impulsado el Ejecutivo presidido por Jorge Azcón, que destinará 300 millones de euros en los próximos seis años -hasta 2030- con el objetivo de hacer frente a las crecientes dificultades de acceso a un hogar que padecen determinados colectivos, especialmente los jóvenes. Esos obstáculos afectan particularmente a los empleados que llegan a los municipios y comarcas más turísticas de la comunidad, que no encuentran donde alojarse durante los meses que dura la temporada de esquí o la campaña de verano. Al mismo tiempo, la carestía de la vivienda limita la llegada de nuevos vecinos.

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El Departamento de Fomento, Vivienda y Logística, que lidera el consejero Octavio López, tiene diagnosticado el problema y quiere pasar a la acción para combatir la carencia de vivienda estable en municipios donde la presión turística ha achicado la oferta de alquiler convencional –es más rentable la destinada a viajeros– y ha disparado los precios. La fórmula que se propone la consejería para atajar este cuello de botella es la intervención en el mercado mediante la construcción de vivienda pública destinada al alquiler asequible, con promoción directa –solo se licitarán las obras–.

El objetivo del plan, que ha empezado a presentarse a los ayuntamientos que son objeto del mismo, es mitigar la tensión de precios que presenta el negocio inmobiliario en estas áreas haciendo que se incremente la oferta de alquiler. En la consejería están convencidos de que la medida tendrá efectos positivos sobre todo el mercado de la vivienda, además de ofrecer una alternativa digna y asequible a los trabajadores turísticos.

Reuniones con alcaldes

La puesta en marcha de esta iniciativa se hará de la mano de los alcaldes de los municipios turísticos. Inicialmente, son diez las poblaciones diana donde quiere ejecutarse el plan, la mayoría de ellas de la provincia de Huesca, entre los que se encontrarían Jaca, Canfranc, Sallent de Gállego, Villanúa, Boltaña, Aínsa o Benasque. También figuran otras localidades tanto de Teruel –Albarracín– como de Zaragoza. Son lugares donde existe una creciente dificultad para encontrar mano de obra y una de las principales barreras es la habitacional.

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Serán los ayuntamientos los que determinen las necesidades que tienen de vivienda de alquiler y la disponibilidad de suelos para la construcción de estos edificios residenciales, de cuya gestión se encargará previsiblemente la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, adscrita al Departamento de Fomento. El consejero Octavio López ha mantenido ya las primeras reuniones con los primeros ediles para darles a conocer el plan e intercambiar visiones sobre un asunto que tiene el problema añadido de frenar el asentamiento de nuevos pobladores en entornos rurales con alta presión turística.

Por ahora se desconoce el volumen de vivienda pública de alquiler que se podría promover. Todo dependerá de las demandas de los consistorios y la dotación de suelos de cada municipio que pueda destinarse a estos usos. La cifra podría rondar entre los 20 y 50 pisos por localidad, lo que situaría la horquilla total entre las 200 y 500 unidades. Aunque falta también por concretar el presupuesto con que se cuenta para este plan, la predisposición de la DGA es máxima, según relataron a este diario varios alcaldes.

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De esta manera, el Gobierno de Aragón marca distancias con otras autonomías o ayuntamientos que apuestan por declarar zonas tensionadas que obliguen a los propietarios a limitar el precio del alquiler, un sistema establecido en la ley de Vivienda aprobada en 2023 por el Gobierno de España. Es el caso de Cataluña, que recientemente ha puesto en vigor esta nueva herramienta de índices que limita las rentas máximas de los arriendos en 140 municipios en los que se han declarado zonas tensionadas.

En la DGA, en manos de la coalición PP-Vox, rechazan tajantemente esta alternativa por considerar que tendría el efecto contrario al que se busca, ya que, desincentiva la oferta y se elevarían aún más los precios. Así lo pronostican desde el sector inmobiliario, que recuerdan el fracaso de experiencias similares que se ha aplicado en otras ciudades europeas.

Los problemas de la vivienda en los municipios turísticos de Aragón son comunes a los de otros zonas de España con alta afluencia de visitantes. Algunos ayuntamientos de la comunidad ya han impulsado sus propias iniciativas para hacer frente a este mal. Villanúa, por ejemplo, ha comprado un edificio en construcción cuyas obras estaban actualmente paradas para habilitar 23 pisos de alquiler a precio asequible, un proyecto que se prevé que vea la luz en año y medio. Boltaña o Montanuy también están impulsado iniciativas similares.

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