En los últimos días, se ha comentado a voces el nuevo anteproyecto de ley por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, promovido por la cartera de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. La nueva regulación de las bonificaciones a la contratación laboral se aleja del régimen establecido hasta ahora para incentivar la contratación de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, eliminando las bonificaciones cuando se trate de contrataciones temporales, tanto las relativas a contratos temporales de fomento del empleo en la empresa ordinaria, como los contratos temporales celebrados por centros especiales de empleo y otras entidades sociales asimiladas.

Esta nueva normativa, que ha llegado por sorpresa y sin diálogo alguno, supondría una auténtica regresión en el esquema de empleo de personas con discapacidad existente en los últimos cuarenta años. Peligra la inclusión laboral de este sector de población y existe la posibilidad de un no crecimiento futuro o de la pérdida inmediata de miles de empleos de los ya creados y subsistentes. Y estas serían solamente algunas de las muchas consecuencias devastadoras que tendría este nuevo anteproyecto de ley si llegase a prosperar.

Solo una de cada cuatro personas con discapacidad trabaja, según las actuales tasas de inclusión laboral. Las bonificaciones son herramientas que costó mucho esfuerzo crear y por las que se luchó duramente. Y, a día de hoy, siguen resultando esenciales para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Sin estas bonificaciones es muy difícil preservar con calidad los derechos laborales de las personas con discapacidad y sus familias, dentro de un sistema público de servicios sociales.

Como presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón (Cermi Aragón), considero imprescindible, al igual que opinan en muchas otras entidades sociales más, seguir con el modelo laboral actual para no destrozar el empleo protegido, sobre todo en el sector de la discapacidad. Cualquier introducción de cambios debería ser consensuada, pactada y dialogada, y no hacerse por la vía de la imposición, sin acuerdos previos y sin la participación de ningún interlocutor social.

Sería preciso que la Administración pública reflexionase sobre el impacto devastador que tendría aplicar esta nueva iniciativa normativa en el sector social y, sobre todo, en el empleo protegido de las personas con discapacidad, ya que, irónicamente, no sería posible el impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad. Cuanto menos, sería interesante que las administraciones públicas y las consejerías de Empleo de los gobiernos de las distintas comunidades autónomas apoyasen y respaldasen la no agresión al modelo actual, que se caracteriza por ser uno de los más sociales de la historia.