El Gobierno presiona al PP para renovar el pacto de Estado contra la violencia de género sin Vox

La violencia de género es uno de los asuntos favoritos de Vox en su batalla cultural y el Gobierno busca presionar al PP para que se desmarque de sus socios de gobierno a nivel autonómico y municipal. “No se puede soplar y sorber a la vez”, retan fuentes del ministerio de Igualdad para que los populares pongan pie en pared contra lo que denominan el “negacionismo” de los de Santiago Abascal. El marco para ello sería la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género sobre el que urgen los socialistas.

El pasado mes de marzo se constituyó en el Congreso la subcomisión para abordar su renovación con una propuesta firmada por todos los grupos parlamentarios menos Vox. Fuentes del Ejecutivo avanzan que se acelerarán sus trabajos en el Congreso y calculan que las conclusiones podrán estar listas antes de final de año, cuando se cumplan siete años desde su aprobación. Entonces no solo fue avalado por los grupos parlamentarios, sino también por todas las comunidades autónomas. Es en la ratificación de este aval por parte de los gobiernos regionales en lo que pondrán la lupa desde el Ejecutivo.

Los acuerdos de gobierno entre PP y Vox eluden referirse al concepto de “violencia de género” para diluir esta realidad con otros términos como “violencia intrafamiliar”. En lo que va de legislatura en algunas comunidades autónomas ya ha habido choques entre los socios a este respecto. En la Comunidad Valenciana el PP apoyó con el resto de la oposición renovar el pacto valenciano contra la violencia de género y Vox votó en contra. Desde el Ejecutivo ponen el foco en los retrocesos a nivel institucional por los "discursos negacionistas" y subrayan la necesidad de incorporar nuevas medidas en el pacto de Estado de coordinación y colaboración entre administraciones.

El Gobierno intensifica así su marcaje a los gobiernos regionales de PP y Vox después de poner en su punto de mira otro “negacionismo”. El de la dictadura franquista que, según sostienen desde el Gobierno, blanquearían los planes de concordia de gobiernos autonómicos con la derogación de las leyes de memoria democrática. El Ejecutivo ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional la norma promovida por el Gobierno de Aragón y anticipa que hará lo propio con los planes en la misma línea de Comunidad Valenciana y Castilla y León. Asimismo, recurrirá a instancias internacionales, como la ONU y la Comisión Europea, por considerar que van en contra del Derecho Internacional y los derechos humanos.

Tras la memoria democrática, los socialistas pondrán el foco en la violencia de género para presionar a los populares. El presidente del Gobierno ya urgió este martes a poner en marcha los mecanismos para renovar el pacto de Estado durante el pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. “Una prioridad absoluta en el corto plazo”, zanjó.

En la reunión, motivada por la gravedad de las cifras en lo que va de año, con diez mujeres asesinadas por violencia machista y siete niños por violencia vicaria, Sánchez se refirió a la necesidad de que “todas las administraciones reconozcan la violencia ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo”. También sobre el hecho de que “no haya espacios para la duda, ni margen para otras lecturas que atenúan o diluyen las violencias machistas y que remiten a un tiempo afortunadamente superado”, en una clara referencia a los socios de gobierno del PP.

De la memoria democrática a los derechos LGTBI

El PSOE está recuperando en este ciclo electoral la estrategia de las generales para confrontar con el PP acusándolo de ceder a la agenda de Vox. Entran así de lleno a la batalla cultural contraatacando en materia de memoria democrática y violencia de género. Otro de los asuntos que se prevén poner sobre la mesa son los derechos LGTBI.

El acuerdo de coalición con Sumar incluye el impulso de un pacto de Estado por las personas LGTBI y para la erradicación de los discursos de odio y discriminación. Ya durante su discurso de investidura, Sánchez defendió que es más necesario que nunca por “el recorte de derechos y de libertades” de los que acusó a los ejecutivos de coalición de la derecha con la ultraderecha.

Entre las medidas que se proponen incluir en un renovado pacto de Estado contra la violencia de género destacan las formativas para todos los operadores en este campo, el refuerzo de las unidades de valoración forense o las campañas para luchar contra discursos de odio o los mecanismos para prohibir el acceso de menores a la pornografía.

Retirada de la custodia a los maltratadores

En el ámbito específico de

, la denominada violencia vicaria, que es aquella que se ejerce a través de los hijos para dañar a la madre, Sánchez ha señalado en la reunión del Observatorio que "es preciso profundizar en el análisis de los casos de asesinatos" y reforzar "la coordinación" entre órganos judiciales y entre administraciones que ostentan las competencias y potestades en este ámbito. Asimismo, propuso impulsar "la formación en perspectiva de género e infancia" de todos los miembros de la judicatura, la fiscalía, los cuerpos forenses, los equipos de valoración y de los servicios sociales y de protección de menores.

Desde el Gobierno están a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional dirigida a avalar la retirada de la custodia a los maltratadores y mover ficha en este sentido. "Debemos contar cuanto antes con un marco permanente y ampliado, adaptado a los cambios sociales que se han producido desde su aprobación", concluía Sánchez durante la reunión del Observatorio.