Caladero rechazó los precios por elevados

Caladero no estaba conforme con el precio que iba a tener que asumir por la nave a medida que Plaza encargó a varias empresas. Y los responsables de Plaza y de la UTE que ejecutó la urbanización del complejo logístico trataron esa circunstancia.

Así lo indican varios correos electrónicos aportados por la Fiscalía Anticorrupción a la pieza principal del caso Plaza que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. El ministerio público los recibió de Francho Chabier Mayayo, un empleado de Acciona que actúa como testigo de cargo y que elaboraba esos documentos a instancias del exgerente de la UTE José María Jordán "para las reuniones que mantenía con (el entonces gerente) Ricardo García Becerril y (el técnico de Intecsa-Inarsa) Nicolas Groeneveld en las que planeaban futuras actuaciones y costes de las mismas".

Así, un documento fechado el 21 de noviembre del 2008 incluye dos versiones de la urbanización de la parcela de Caladero: la "ejecutada según el contratista" sube a 9,68 millones, y la "autorizada Caladero" se queda en 8,38, diferencia que estaba pendiente de un arbitraje.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza investiga si hubo irregularidades en el aumento de 3,1 millones en el coste de la obra civil de esa nave, ejecutada por Conanvisa. El abogado José Manuel Marraco, defensor de Santiago Coello --uno de los cuatro imputados-- ha pedido el archivo de la causa. UPD, que ejerce la acción popular, ha reclamado la práctica de varias pruebas.