Los cerebros del caso Plaza irán a prisión y Acciona devuelve el dinero

Más vale pájaro en mano que ciento volando. Un refrán español que podría resumir el juicio por el supuesto saqueo de más de 150 millones de euros en las obras de Plaza, después de que otras investigaciones por presuntas corruptelas en el seno de esta plataforma logística fueran archivadas o sus procesados resultaran absueltos tras sentarse en el banquillo de los acusados. Sin embargo, en la conocida como causa principal o macrojuicio contra 25 personas ya va a tener un final muy distinto, puesto que veinte de ellos hicieron ayer oficial un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Fruto del mismo, los considerados cerebros de la trama, el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y el exdirectivo de Acciona en Aragón José María Jordán, admitieron cumplir pena de prisión, aunque lejos de los 23 y los 11 años a los que, respectivamente, se enfrentaban.

Concretamente, García Becerril reconoció haber cometido hasta seis delitos diferentes (prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda Pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales). Todo ello se traduce en dos años y un día de cárcel, más de 700 jornadas de trabajos para la comunidad y la devolución de parte del dinero defraudado que llega en su mayoría por lo decomisado como el apartamento de Salou, una nave por valor de 700.000 euros, un trastero o los 80.000 euros procedentes de la venta de un yate.

Con quien se unió para que la UTE Plaza consiguiera un enriquecimiento ilícito mediante el ficticio aumento de las obras o la subida de los precios, José María Jordán también ha admitido dos años y un día de prisión, así como el pago de una multa de 100.000 euros. Reconoció ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ser autor de un delito continuado de prevaricación, otro de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Eran dos de las piezas fundamentales de la investigación iniciada en el 2013 por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. A partir de ellos surgieron otros nombres hasta alcanzar las 25 personas que ayer se sentaron en el banquillo. Entre ellos estaban, por ejemplo, la familia del exgerente de Plaza que salió bien parada con la admisión de hechos.

Consiguió salvar a su esposa Elena Planté y a su hija Patricia García Planté. Ambas son consideradas partícipes del delito a título lucrativo, como fue considerada la exministra de Sanidad, Ana Mato, en la Gürtel, o la infanta Cristina en Nóos. La otra hija del exgerente, Carolina García Planté, también es considerada partícipe a título lucrativo, pero además admitió que cometió un delito contra la Seguridad Social y otro de falsedad de documento mercantil, penados en total con seis meses de prisión que sustituirá por 90 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, una multa de 2.485,03 euros y la pérdida de obtener subvenciones. El pacto también lo firmaron otros nombres importantes en la trama como el exdirector de obra, Miguel Ángel Pérez Cervantes; el director técnico, Alejandro Viñuales, y el jefe de obra de la empresa Intecsa-Inarsa. Nico Groeneveld. Todos ellos pagarán multa a cambio de no entrar en la cárcel.

RETIRADA LA ACUSACIÓN

Fruto de este acuerdo global la Fiscalía Anticorrupción decidió retirar la acusación contra varios empresarios: Ramón Margalejo; Francho Chabier Blasco; María Luisa Roca; Manuel Miguel Colonques (dueño de Porcelanosa) o José Luis Albendea.

Quienes se mantienen inamovibles en defender su inocencia siguen siendo cinco encausados contra los que seguirá el juicio, a partir del próximo 17 de diciembre. Son el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó; el constructor Agapito Iglesias, y los tres empresarios Miguel Ángel Floría, Marimar Jaso y Francisco Joven. No obstante, según la Fiscalía Anticorrupción, la opción para llegar a acuerdos continúa abierta.

Los letrados de Escó y Floría, Juan Monclús y Jesús García-Huici, recibieron el acuerdo global de la fiscalía, cuestionando el tiempo del que dispondrán para elaborar sus respectivas estrategias de defensa. Señalaron que las pruebas documentales y testificales que se presentarán constituyen un «cambio fundamental» respecto a las planteadas inicialmente y que podrían motivar un nuevo aplazamiento de la vista.

Junto a los arrepentimientos y las penas asumidas por los encausados, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada decidió retirar la acusación como persona jurídica que ejercía contra las dos constructoras que desarrollaron los trabajos de urbanización en Plaza, Mariano López Navarro (MLN) y Acciona.

Todo ello es fruto, tal y como explicaron los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, de la decisión de la empresa Acciona de pagar casi 60 millones de euros, quince de los cuales fueron ayer consignados para evitar su responsabilidad civil subsididaria en el pago de las cantidades defraudadas. Recordaron, además, que el resto del dinero defraudado, un total de 147 millones, se resolverá por un procedimiento civil de arbitraje al que dieron su visto bueno tanto las acusaciones particulares en nombre del Gobierno aragonés y de la sociedad pública Plaza, como de la UTE.