La vuelta a la normalidad en las sociedades municipales puede agilizar un acuerdo en las ordenanzas fiscales para el 2019. Sobre la mesa, este año, un IBI con escasas diferencias en las posiciones a defender en una mesa de negociación que está por convocar. Y, de fondo, un grupo de la oposición, el PP, ya lo da por pactado entre los partidos de izquierdas después de que, acto seguido de formalizarse el retorno a los consejos de administración de los concejales expulsados en febrero, los socialistas retiraran sus firmas del pleno extraordinario solicitado para forzar su vuelta.

Son múltiples las claves políticas que entran en juego a partir de ahora, pero destaca que el principal escollo a salvar sea el gravamen especial fijado el año pasado por Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y CHA a los aparcamientos más caros de la ciudad, la denominada categoría almacén, que apenas supone una diferencia en la recaudación de 400.000 euros. Es la que hay entre los más de 800.000 que se obtendrían con lo que defienden ZeC y CHA -aplicar el gravamen especial del 0,99 a solo 8 inmuebles, con un valor catastral de más de 9 millones de euros- y lo que exigen los socialistas, que es eliminarlo y aplicar el índice general, del 0,42. Eso parece un margen estrecho en el total de un impuesto del que se obtendrán este año 166,31 millones y que, si no hay acuerdo político, subirá a 170,37 en el 2019, 4 más y un incremento medio en el recibo del 2,38%. Conviene un acuerdo a pocos meses de las elecciones.

Pero la discusión política giraba en torno a una rebaja del tributo que, con un 3,46% de media, el Gobierno había propuesto dejar en 160,7 millones de recaudación, 5,6 menos que este ejercicio contando con que la construcción de nuevos inmuebles -unos 2.500-, reportarán más de 2 millones adicionales en el 2019 y que todo se basa en que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, a nivel nacional, está por ver. SE parte de la base de que, si los hay, entrará en vigor la revisión a la baja del 6% que el Catastro hará de todos los inmuebles de la capital. De ahí que los conservadores consideren que esto sea una reacción en cadena de futuros pactos: en Madrid y en Aragón de cara a aprobar también las cuentas de Zaragoza para el año próximo.

De hecho, la otra gran diferencia entre los grupos de izquierdas radica en el llamado IBI diferenciado, ese gravamen especial que se aplicaba a los grandes comercios y oficinas de más de un millón de euros en el que ZeC y CHA quieren bajar el umbral a 800.000 euros, y el PSOE mantenerlo como está, aunque disminuirá el numero de inmuebles a los que se les aplicaría. Viendo la proyección de ingresos, si no hay acuerdo, se pasaría de obtener con ellos 29,2 millones a 29,7, pese a que el Gobierno defiende que con la rebaja del Catastro habrá menos inmuebles a gravar con ese 0,99 de tipo impositivo. Y si se aplica la medida de ZeC, bajará a 27,88.

Hay debate y se seguirá hablando. Por ejemplo de cómo satisfacer las pretensiones de CHA. SU apuesta de bajar el IBI residencial hasta un 8%, disminuiría la recaudación en 9,4 millones, a costa de gravar más a los inmuebles industriales de 800.000 euros en adelante. Una medida que reportaría 600.000 euros más.

Pero hay un escaso margen de un millón más o menos entre las posiciones más alejadas y se suma a esas variables que si la solución pasa por acercarse a la propuesta del PSOE, esta sumaría a Ciudadanos, que con unos votos particulares idénticos, dejaría al PP solo fuera del acuerdo.