El Ayuntamiento de Zaragoza ha terminado el año 2019 con una ejecución del 96% del presupuesto prorrogado, que se elevaba hasta los 761 millones. El porcentaje se reduce considerablemente si se mira la letra pequeña y se analiza el saldo del capítulo de inversión, el más importante y con una ejecución del 69%, o lo que es lo mismo, solo se han utilizado 40 millones de los 58 previstos. No hay que pasar por alto que del total gastado, 8 millones ya estaban comprometidos en la reforma del Mercado Central.

El Gobierno de PP y Cs heredó en junio las cuentas del equipo de Zaragoza en Común, avaladas por la izquierda. Fue decisión del alcalde, Jorge Azcón, no elaborar unos nuevos presupuestos para terminar el 2019 así que comparte la responsabilidad de la ejecución con el anterior equipo de Gobierno de ZeC.

Según el informe elaborado por la concejalía de Hacienda que dirige María Navarro, las arcas municipales ingresaron 154 millones en concepto de IBI y para este la previsión es de 161 millones. Una estimación que los socialistas ya han advertido que es difícil de cumplir ya que las ordenanzas fiscales incluyen una baja del tipo y del coeficiente así como bonificaciones, por lo que avisan de que la recaudación será menor.

El año terminó con un índice de morosidad de 36 días, lejos de los 46 de media que llegó a alcanzar el consistorio para pagar las facturas de los proveedores, pero también de los 22,41 días de junio y los 27,64 de julio. En agosto ya se disparó hasta los 46,13. Entonces se decía que este incremento se debía a «dilaciones» en el proceso de convalidación. Unas facturas que ahora ya no tendrán que pasar ni por comisión ni por pleno ya que el Gobierno de Zaragoza ha decidido que sea la responsable del área la que las firme, sin necesidad de dar cuenta a la oposición, algo por lo que ha recibido muchas críticas ya que se entiende como un gesto de opacidad.