La filtración, interesada, desde el Ministerio de Defensa, de que España iba a paralizar la entrega de unas bombas a Arabia Saudí ha desatado un interesante debate sobre las obligaciones del gobierno, cumpliendo o no con un contrato firmado por el anterior, y la posibilidad de mandar al paro a un buen número de trabajadores de la provincia de Cádiz, una de las más castigadas por el desempleo.
Lo primero que hay que decir es que esas bombas, sí o sí, iban a acabar en Arabia Saudí. En el momento en el que se fabrican su futuro está escrito. Otra cosa es que el contrato fuese sobre su fabricación, ahí sí se podría hacer algo. El comercio mundial de armamento y munición es opaco, algo que puede no gustarnos pero que refleja una realidad. Por contratos entre países o por la intervención de intermediarios poco escrupulosos e, incluso, con el paso intermedio por Estados con administraciones corruptas, estas bombas harían un recorrido desconocido pero con final conocido. La única forma de evitar que ese armamento se use es no fabricarlo. Saber que hay otros Estados, algunos muy democráticos y modelos a seguir, que las fabrican, es otro elemento a considerar.
Oenegés de defensa de derechos humanos han salido, como es su obligación, a los medios a pedir que esas bombas no se entregasen, algo que cualquier ciudadano con una mínima sensibilidad apoya. Pero la política no es sencilla y la decisión no es bombas sí o no. Otras organizaciones han recordado que Arabia Saudí no solo nos compra esas bombas y que es un Estado nada democrático y que sus decisiones pueden ser crueles, para los suyos, y, en este caso, para algunos de nosotros. Navantia y la fabricación de unas corbetas entran, por tanto, en juego, poniendo al Gobierno en un brete.
Por mucho que tengamos serias dudas de la moralidad de quien, como el ex ministro Morenés, se gana la vida en industrias armamentísticas y llega al Gobierno con la voluntad de incrementar en todo lo posible las ventas españolas de toda clase de ingenios bélicos, lo cierto es que el contrato de fabricación de estas bombas lo firmó el Gobierno de España y el actual tenía la obligación de cumplirlo. Son las reglas de juego. Lo que sí le podemos exigir al Gobierno presidido por Pedro Sánchez es que no firme otro contrato de estas características. Es más, podríamos dar un paso adelante y exigir a nuestros representantes parlamentarios que aprobasen una ley en la que se prohibiera la fabricación de estas, ojo a lo que estoy escribiendo, de estas, armas. Hay armamento defensivo, sobre cuya existencia no suele haber muchas opiniones contrarias, como es el caso de las corbetas a fabricar en Cádiz, pero hay bombas que solo pueden ser utilizadas para atacar, es decir, en un conflicto activo, y se fabrican para causar al enemigo el mayor número posible de bajas, muertes o heridos con graves secuelas.
He oído a un representante de Amnistía Internacional decir que la contraposición entre bombas, estas, de las que estamos hablando, o paro en Cádiz, es un falso dilema, afirmación con la que no estoy de acuerdo. Los dilemas nos obligan a decidir y este lo es, aunque no nos guste, Arabia lo ha planteado así y hay que darle solución. Decir, como han hecho, que les han mandado sus deseos de solidaridad a los trabajadores, no es decir nada. Ante un problema moral como este, es obligatorio mojarse y yo, con todo lo dicho: contrato previo, bombas fabricadas, corbetas en juego, afirmo que el Gobierno (menos la ministra de Defensa) ha hecho lo que debía hacer.
Un segundo dilema querría plantear, mucho menos trascendente, ya que afecta a pocas personas, y ha tenido un escaso eco en los medios de comunicación. Se trata de la escolarización de un menor autista en la ciudad de Córdoba. La familia del niño ha salido a los medios y ha iniciado acciones de protesta llamativas, pretendiendo que el pequeño sea escolarizado donde lo ha estado hasta ahora, en un centro al que va con un hermano. Algunos padres y vecinos les apoyan tratando de exigir a la Junta de Andalucía que cambie su decisión sobre el centro en el que se debe escolarizar al niño. Desde la administración se responde que el pequeño ha estado hasta ahora en un colegio sin especiales atenciones y que lo mejor para él, ya ahora y, sobre todo, en el futuro, es que se integre en un centro con personal especializado. Afirman que los padres solo ven el momento más inmediato, la felicidad del niño en el entorno educativo en el que ha estado estos años, pero que desconocen las mejoras que experimentará cuando pase un tiempo en el nuevo centro. ¿Qué decisión apoyamos?
Una última propuesta para la reflexión, aunque solo pueda quedar apuntada. ¿Y la aplicación de la pena de muerte? ¿Deberíamos dejar de comerciar con EEUU, China o, nuevamente, Arabia Saudí? Esos muertos también merecen nuestra atención. Derechos humanos e intereses, dilemas morales.
*Militar. Profesor universitario. Escritor
