La admisión en las universidades públicas

En estos días, el Ministerio de Educación y Formación Profesional está ocupado con el diseño de las que serán las nuevas pruebas de acceso a la universidad. Sea cual fuere el diseño lo normal será que la gran mayoría de los bachilleres consigan aprobarlas, si no fuera así sería el síntoma claro de que o el título de bachiller se ha conseguido sin merecerlo o la prueba está mal diseñada. Sin embargo, muchos estudiantes sienten gran presión ante estos exámenes porque el desajuste entre la oferta y la demanda en muchas titulaciones obliga a ordenar las correspondientes solicitudes, y los estudiantes son muy conscientes de que se usan los resultados de esta prueba.

Sería objeto de otro artículo el análisis de las titulaciones en las que se produce este desajuste pero, en general, es preciso garantizar el aprovechamiento del gasto que supone una enseñanza universitaria de calidad y tener en cuenta que el exceso de títulos universitarios les resta valor, cuando debería ser un distintivo para encomendar responsabilidades sociales de orden superior. También es claro que el acceso a puestos de relevancia desde las clases más desfavorecidas es el mejor camino hacia la igualdad que a todos nos enriquece. Los procedimientos de admisión por tanto, deben optimizar la eficacia y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y en el logro de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Dos principios básicos para la igualdad se han conseguido imponer a lo largo de nuestra historia y es muy importante que se mantengan. El primero es que los procedimientos de admisión sean los mismos para todas las universidades españolas y el segundo es que cualquier prueba debe basarse en los conocimientos que se adquieren en bachillerato. Estos dos principios dan a todos los bachilleres las mismas oportunidades independientemente de su lugar de origen y de que su familia les ayude o no a prepararse fuera de los centros públicos.

A lo largo de nuestra historia ha habido bastantes cambios en este tipo de pruebas y en su importancia para ser admitido en una determinada titulación. Para la igualdad territorial hay que esperar al año 2000, que fue cuando se estableció la validez de las pruebas en igualdad de condiciones para cualquier distrito universitario, independientemente de dónde se hayan realizado, lo que se llama distrito abierto o distrito único. Para valorar la importancia de este distrito abierto es preciso recordar que no siempre un estudiante de Aragón se ha podido matricular en igualdad de condiciones en universidades madrileñas o catalanas. Poco después, la LOU de 2001 dejaba a cada centro universitario la libertad de arbitrar sistemas de selección, sin llegar a concretarse esos libres procedimientos. La reforma de 2007 volvió a las pruebas únicas basadas en el bachillerato.

La LOMCE de 2013 volvía a dar más libertad a los centros universitarios para los procedimientos de admisión y abría las puertas a la valoración de una formación académica complementaria del bachillerato, a la que sin duda alguna no todos tendrían las mismas oportunidades para su superación. Se derogaban las normas anteriores, concretamente la de 2008, pero en realidad y afortunadamente se sigue usando el procedimiento descrito allí.

Cuando se estrenó este procedimiento de 2008, que como digo se sigue usando, se criticó mucho y sin duda es mejorable pero a mi entender es el mejor de todos los que hemos tenido.

Se respetan los dos principios señalados aunque da una cierta libertad a las universidades a la hora de valorar las pruebas voluntarias de las distintas asignaturas de bachillerato para cada grado, los llamados parámetros de ponderación.

Es razonable y había sido muy reclamado que para un grado concreto se valoren unas asignaturas más que otras y puesto que no hay catálogo de grados, sino que cada universidad ha diseñado los suyos, es razonable que esos parámetros los defina cada universidad. Puesto que con las pruebas de cualquier comunidad autónoma se puede obtener la máxima nota de admisión para cualquier grado de cualquier universidad, y dado que estas prueban se basan sólo en conocimientos adquiridos en el bachillerato, esta pequeña libertad de las universidades no resta igualdad de oportunidades.

Además se responsabiliza de las pruebas a una comisión organizadora por comunidad autónoma (esto es así desde 1999). De este modo se obliga a una mayor coordinación entre las administraciones educativas y las universidades públicas y entre estas y los centros de secundaria, obligando incluso a unos informes que deberían ser controlados por el ministerio de cara a posibles recomendaciones generales que mejorasen las pruebas.

La responsabilidad de las pruebas en comisiones mixtas de universidad y secundaria puede dar aún más frutos puesto que además de organizar las pruebas debe crear, en esa obligada coordinación, foros de debate entre los dos niveles educativos. Algunas voces han reclamado una misma prueba para toda España; sería un error. Es muy interesante que el control de las pruebas recaiga sobre las administraciones educativas de las comunidades autónomas ya que la cercanía y el conocimiento de los procesos educativos dan más garantía para que se pueda valorar a los estudiantes por lo que se les ha enseñado, otra cosa es que el misterio debe velar porque las pruebas organizadas por cada una de estas comisiones respondan a los parámetros que se esperan.

La actual ley de educación, la de 2020, dice textualmente que «el Gobierno establecerá la normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de quienes hayan superado la prueba de acceso». Por esta razón se hace obligatorio recordar al ministerio los dos principios señalados, que las pruebas de una comunidad tengan la misma validez en cualquier universidad y que se basen exclusivamente en bachillerato. Es muy importante para la igualdad de oportunidades que no se permita valorar para la admisión formación complementaria a la del bachillerato ya que no todos tendrían oportunidad de conseguirla.

En conclusión, que se regule con cuidado no solo las pruebas de acceso sino también los procedimientos de admisión.

El derogado decreto de 2008 puede ser un buen punto de partida.

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