Por un marco de relaciones propio

Nuestro Estatuto de Autonomía establece: "Los poderes públicos de Aragón deben promover el pleno empleo de calidad en condiciones de seguridad; la prevención de los riesgos laborales; la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo; la formación y promoción profesionales, y la conciliación de la vida familiar y laboral", pero la "competencia exclusiva" del Estado, otorgado por la Constitución Española en materia laboral, hace imposible el desarrollo de estos principios.

Esta situación nos plantea una duda: ¿cómo se puede montar este puzle sin la ficha de la descentralización normativa para que nuestro Estatuto de Autonomía no se quede en papel mojado?

Es por ello que mientras no se establezca en Aragón un marco propio de relaciones laborales, nuestro papel seguirá siendo el de "meros ejecutores" de esta normativa estatal y las funciones serán de exclusiva vigilancia de las mismas, relegando a la clase trabajadora aragonesa a asumir lo que decidan fuera.

Esta es la razón por la cual, este Primero de Mayo, salimos a la calle para reivindicar la progresiva descentralización del marco normativo laboral en favor de Aragón. Marco que dé respuesta efectiva a las verdaderas necesidades de nuestra clase trabajadora. Una normativa autonómica pensada por y para los y las aragonesas consensuada con todos los agentes sociales.

Desde CHA, tenemos, en este ámbito, diferentes reivindicaciones, ya que, por ejemplo, es materialmente imposible que, sin disponer de competencias en materia de seguridad laboral y de prevención de riesgos, podamos dotarnos de las herramientas necesarias para que en Aragón tengamos unos centros de trabajo seguros, capaces de evitar accidentes.

¿Cuántas muertes de trabajadores/as tendremos que lamentar este año? Es inadmisible. ¿Cuándo dejaremos de "tirar el balón al tejado del otro" para erradicar de manera eficaz los accidentes laborales?

¿Y qué decir de la igualdad de oportunidades del acceso al empleo? Las leyes estatales no tienen en cuenta la realidad social de nuestro territorio. ¿De qué manera palían desde Madrid el problema del desempleo en zonas como la del Bajo Aragón, Caspe, Aranda o, entre otras, las Cuencas Mineras?

Además, debemos tener una normativa propia que impulse el empleo en colectivos de difícil acceso al mercado laboral, como las personas más, aquellas con discapacidad, impulsar el empleo en el mundo rural. Paremos la fuga de talento aragonés a otros territorios del Estado.

En cuanto a la negociación colectiva, es necesario favorecer unos convenios autonómicos frente a los convenios estatales. Esta es la única forma de poner a la clase trabajadora aragonesa como verdaderos protagonistas en la toma de decisiones, además de ser la única vía para que dichos textos regulen las verdaderas necesidades de Aragón. Queremos que nuestras condiciones se negocien aquí.

En materia económica, queremos ser nosotros y nosotras las que negociemos tanto nuestros salarios como el salario mínimo que debería de tener en Aragón. Salarios que rompan la precariedad y que permitan a las familias de Aragón tener una vida digna.

Y en cuanto a la participación de los diferentes agentes sociales en la Ley del Diálogo Social de Aragón, ésta se debería abrir a un mayor número de agentes que represente de una manera más amplia la diversidad sindical e ideológica. No cabe la negociación si olvida a un gran porcentaje de nuestra sociedad.

Finalmente, recordamos las palabras de Rosa Luxemburgo, tan vigentes en unos tiempos como los que estamos viviendo: "La esencia de la libertad política depende no de los fanáticos de la justicia, sino de los efectos vigorizantes y benéficos de los disidentes. Si la libertad se convierte en un privilegio, la esencia de la libertad política se habrá roto".

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