Stampas y complots

La corrupción no es solo cometer un delito para llevarse dinero o dar u obtener un trato de favor, sino también quebrantar el código ético de cualquier institución, pública o privada. Así lo considera la Unión Europea y lo hace suyo el exfiscal Anticorrupción Ignacio Stampa para explicar el complot que, a su juicio, le montaron algunos de sus jefes para echarle del caso Tándem, el que destapó los audios de José Manuel Villarejo. Junto a otro fiscal, Miguel Serrano, recibió el encargo de investigar al excomisario en el que acabó convirtiéndose en uno de los casos más escandalosos de la historia de España y salpicó a casi todas las instituciones del Estado.

Ya desde fuera de la Fiscalía Anticorrupción, Stampa ha descrito, con todos los detalles que el secreto profesional y la seguridad del Estado le permiten, la operación de noticias falsas que montaron contra él para desacreditarlo. La entonces fiscal general del Estado y exministra Dolores Delgado y su sucesor, Álvaro García Ortiz, aprovecharon esa macrocausa mediática de desprestigio, según Stampa, para alejarle de la investigación. Por medio, un montón de actores secundarios pero imprescindibles para que la campaña fructificara: abogados, periodistas y pseudomedios creados ad hoc para intoxicar a la opinión pública.

Lo que revela El complot. La verdad del caso del fiscal Stampa es tan injusto como descorazonador. Lo primero, por arruinar la carrera de un empleado público que hace bien su trabajo; lo segundo, por la imagen que nos da de un sistema judicial corrupto, ineficiente y tendencioso. Pero lo peor quizá no sea conocer su caso, sino la impotencia de impedir que se repita. Cuántos Stampas habrá cuya existencia desconocemos; profesionales del sector público y privado apartados de su función simplemente por desempeñar correctamente su labor y precisamente por quienes ensucian las instituciones y moldean su funcionamiento en función de intereses espurios. Si hasta la herramienta creada para mantener las instituciones limpias ha sido parasitada, ¿cómo podemos confiar en la transparencia misma de la democracia? Y más grave aún, todo lo publicado en torno a este caso ha tenido nulas consecuencias. Nadie ha preguntado, investigado ni, por supuesto, dimitido. El Gobierno no ha movido un dedo para abrir una investigación sobre esta supuesta práctica abusiva por parte de una fiscal general hacia un subordinado, los propios compañeros fiscales han mirado para otro lado para no complicarse su vida profesional y la sociedad continúa anestesiada y entretenida con cualquier cortina de humo morbosa y sentimentaloide. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero la verdad es que en ocasiones resulta harto difícil seguir confiando en algo o en alguien.

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