Zaragoza ha recurrido a Europa para conseguir financiación e impulsar un nuevo modelo de bicis eléctricas y compartidas público que sustituya --y mejore-- el sistema Bizi. Un modelo que la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, aseguró que estaba «agotado» pero que quiere mantener en el tiempo con notables mejoras pese a que lleva años perdiendo usuarios, hasta un 28% en los dos últimos. Un porcentaje que se eleva hasta el 44% si se compara con los últimos cuatro. A día de hoy, son 13.378 los abonados.
El nuevo proyecto, que quiere poner en marcha en 2024, requiere de una inversión de siete millones de euros de los que el Gobierno de PP-Cs pretende financiar hasta el 90% con las ayudas de los fondos europeos, cuya convocatoria se resolverá el próximo mes. En caso contrario, este plan podría peligrar.
En resumen, el consistorio quiere que el nuevo servicio municipal disponga de 2.180 bicicletas eléctricas y 218 estaciones repartidas por todos los barrios de la ciudad, lo que supone un notable incremento respecto al servicio actual. Gestionado por Clear Channel, cuyo contrato finaliza en septiembre de 2023, actualmente ofrece 1.294 bicis de pedaleo mecánico y dispone de 130 estaciones que no llegan a todos los distritos de la ciudad.
Este servicio se ha quedado obsoleto, con unas bicis que aparecieron en 2008 y que llevan demasiados años circulando con un mantenimiento más que cuestionable. De hecho, este es uno de los principales motivos para darse de baja, pero no el único.
En ocho meses, el Bizi Zaragoza ha perdido 598 abonados, es decir, que cada día dos usuarios renuncian a un servicio municipal que tiene un tarifa muy económica y por 36,93 euros al año (o 5,28 euros durante 72 horas) uno puede utilizar las bicis tantas veces como quiera.
Efectos de la pandemia
La pandemia, lejos de aumentar la demanda, aceleró la pérdida de viajeros y más de un 23% de abonados decidió cancelar su suscripción. El 2020 comenzó con. 18.536 usuarios y tras el confinamiento un millar de personas había abandonado el servicio.
Una caída en picado que no se ha traducido en el uso de los carriles bici, con un crecimiento del 80% en 2020. Desde entonces, los desplazamientos en vehículos de movilidad personal (VMP) no han dejado de aumentar.
La llegada de las bicis y patinetes eléctricos y compartidos a la capital aragonesa supuso un mazazo para el Bizi. Los nuevos modelos de movilidad sostenible no hicieron más que adelantar la muerte de un servicio que no ha implementado mejoras desde que empezó a funcionar en 2008. Cierto es que no lo exigía el contrato.
En septiembre de 2018 se experimentó el primer boom en la movilidad compartida que ha ido consolidándose con el paso de los años. Por aquel entonces, las bicis rojas eran las reinas de la red ciclable y había 22.950 abonados, un 72% más que hoy en día, y los viajes mensuales rondaban los 10.000. Unas cifras que nunca volvieron a repetirse.
Un año después ya eran 19.943 los abonados, 3.607 usuarios menos, y actualmente hay 13.378 abonados que realizan al mes entre 3.000 y 4.000 desplazamientos.
Las empresas que han ido operando en la ciudad --han sido muchas hasta que el Gobierno de PP-Cs puso coto-- evidenciaron que había una nueva manera para desplazarse por la ciudad, en bicis y patinetes eléctricos que podían aparcarse en cualquier rincón --a esto también le está poniendo freno--, sin la limitación de tener que hacerlo en una estación determinada, como ocurre con el Bizi. Otra ventaja.
La ubicación de las paradas ha jugado a favor y en contra de este servicio, que nunca ha llegado a todos los barrios de la ciudad. El anterior Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) trató de atajar esta carencia ampliando el contrato con Clear Channel, sin embargo, el actual alcalde, Jorge Azcón, entonces en la oposición, impugnó la decisión alegando que se producía una «alteración fundamental de las condiciones esenciales del contrato». El proceso terminó en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que confirmóilegalidad de la extensión del servicio y el consistorio tuvo que indemnizar a la empresa con 274.071 euros en concepto de daños y prejuicios.
Clear Channel dejará de prestar servicio en la capital hasta finales de 2023, tras la ampliación del plazo de duración del contrato como compensación por los desequilibrios económicos que ocasionó la suspensión del servicio durante la pandemia, entre el 18 de marzo y el 27 de abril de 2020. El desequilibrio generado se ha cuantificó en 201.456,02 euro y el Gobierno de PP-Cs decidió prolongar el fin de la contrato por un periodo de 136 días.
Desde Movilidad quieren mantener el servicio y su filosofía (con estaciones). Un sistema que, aunque en Zaragoza a día de hoy no tiene muchos adeptos, se ha extendido por la geografía española con éxito.
