Una amplia mayoría pone fin a la huelga del bus de Zaragoza

Punto y final. El conflicto del autobús urbano de Zaragoza ha terminado y ya no habrá más amenazas de huelga. Al menos en un tiempo. La plantilla ha hablado claro y el 76% ha avalado el preacuerdo alcanzado entre la empresa, Avanza, y el comité el pasado 1 de diciembre, 22 meses después de la primera convocatoria de paros. Como ya sucedió en el último referéndum, la participación ha sido muy alta, y el 76,6% de los 1.237 trabajadores llamados a votar ha acudido a las urnas para decir 'basta' a una huelga que se ha alargado demasiado. De los 948 votos emitidos, 722 han sido a favor del acuerdo, frente a los 213 en contra, mientras que nueve han votado en blanco y cuatro papeletas se han declarado nulas.

Se termina así un conflicto que se ha prolongado en el tiempo por un único motivo: el incremento salarial. El comité inició con la empresa la negociación del convenio colectivo (2020-2024) con un objetivo claro, que los empleados mantuvieran en todo momento su poder adquisitivo. 

Tras más de 650 días de conflicto, los sindicatos han pactado una subida salarial del 8,5% y una cláusula de revisión de precios del 75% de la suma de los IPC de los años para los que se firma el convenio, que incluye los ejercicios de 2020, 2021, 2022 y 2023. Así, por ejemplo, si la inflación acumulada durante estos años es del 18%, la subida será del 13,5%. No hay que obviar que, como mínimo, la cláusula de revisión se quedará en un 12%.

También han logrado acumular en cuatro años el incremento, en lugar de en los cinco que propuso el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), de manera que en 2020 la subida aplicada es del 0,7%, en 2021 del 1%, en 2022 del 4% y en 2023 del 3,5%. Un incremento anual que se calcula sobre el acumulado del año anterior.

Preacuerdo en Avanza: la huelga del autobús se suspende tras 650 días de conflicto

Esto supone un aumento de las nóminas entre los 1.500 y los 2.000 euros, según los trienios que tenga cada empleado, explican miembros del comité. Calculan que los empleados, a los que se les han descontado 51.300 horas de trabajo por los paros, habrán perdido unos mil euros de media desde que comenzó la huelga el pasado 24 febrero de 2021. 

La empresa también ha accedido a la reducción de dos días de la jornada y se ha comprometido a que el 50% de la plantilla disfrute del descanso durante los fines de semana completos.

El principal escollo

El principal escollo de la negociación, que se ha roto en un sinfín de ocasiones, pasaba por la cláusula de revisión de precios. Desde las secciones sindicales exigían que se garantizara el 95% de las sumas del IPC, algo «imposible» de asumir para la concesionaria, que decía que con esta condición difícilmente se iba a alcanzar un acuerdo. 

Los empleados llegaron a pedir un aumento del 26%, algo «inviable» y que ponía en riesgo «la solvencia de la contrata», ha asegurado en reiteradas ocasiones el gerente de Avanza, Guillermo Ríos, ya que suponía un incremento del coste económico del servicio de hasta 15,1 millones.  

La oferta que la empresa mantuvo vigente durante semanas, la que hizo el SAMA el pasado mes de septiembre, les garantizaba una subida del 12%, que se elevaría hasta el 16,2% con los complementos. Una propuesta que disparaba hasta los 40.100 euros el sueldo medio, ahora en 34.500, y con un coste económico de 9,2 millones. 

Ambas partes han tenido que ceder y rebajar sus pretensiones, pero les ha costado. Tras más de 650 días de conflicto, 197 jornadas de paros y 89 reuniones --50 en las oficinas y 39 en el SAMA--, el pasado 1 de diciembre se firmó el ansiado preacuerdo que ahora ha sido ratificado por la plantilla. 

El papel del ayuntamiento

Durante los casi dos años de conflicto, el ayuntamiento ha tratado de esquivarlo a toda costa, responsabilizando a Avanza y al comité del fracaso de la negociación. Es un problema interno de una empresa privada, decían, pese a tratarse de una concesión pública.

22 meses han dado para mucho. Los conductores han recibido presiones para secundar los paros y los que no lo hacían eran señalados públicamente y acusados de «esquiroles insolidarios» a través de cartelas con una foto del trabajador y su nombre colgadas en los baños y vestuarios. 

Cuando se cumplía un año de la huelga, la Justicia invalidó al comité, entonces liderado por el CUT, que perdió el poder en las nuevas elecciones en favor de Sattra, un sindicato que nunca antes había avalado la firma de un convenio colectivo. Desde entonces, ambos sindicatos han estado constantemente enfrentados y no se han cortado en airear públicamente sus diferencias a través de las redes sociales. Ayer mismo, el CUT emitió un comunicado en contra del presidente del comité, José Manuel Montañés y su sindicato, Sattra, acusándoles de «jugar con las condiciones laborales de los trabajadores».

Esta vez, llegaron a pedir incluso su dimisión por aceptar un preacuerdo y, posteriormente, anunciar que iba a votar en contra. Sucedió el pasado lunes durante la asamblea de trabajadores, donde dijo públicamente que su voto sería negativo. Una posición que generó malestar entre el resto de sindicatos que forman el comité, CCOO, UGT y CSIF, y sorpresa entre los empleados. 

Una huelga larga, liosa y cambiante

Esta huelga, además de haber sido la más larga de la historia, ha sido la más liosa, la más complicada, con horarios cambiantes y semanas de paros alternas. Se diseñó así para evitar que afectase a los bolsillos de los empleados y postergar al máximo el desgaste que conlleva estar en lucha durante tantos meses.

Primero se convocaron paros de dos horas al día de lunes a viernes y en semanas alternas, y cada día a una hora diferente. Con el tiempo (y el nuevo comité), se decidió ampliar las jornadas a tres horas diarias, repartidas en tres franjas y de lunes a domingo. Hasta que en la última la plantilla aprobó recrudecer la huelga con seis horas diarias de paros de lunes a viernes. No ha sido hasta ahora, hasta esta última, cuando realmente han visto resentidos sus sueldos y en 15 días han perdido unos 300 euros.