La empresa que gestiona la grúa en Zaragoza, multada con 500.000 € tras renovarle el contrato

La grúa municipal de Zaragoza puede que sea uno de los vehículos más temidos por los ciudadanos. En caso de haber aparcado donde no se debe, esta llega, remolca el vehículo y toca pagar para poder sacar el coche del depósito. Sin embargo, las tornas han cambiado. El Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto sancionar con 467.892,36 euros a la empresa que gestiona este servicio, Valoriza, por «incumplimientos del contrato» firmado con el consistorio.

Fue el 1 de septiembre de 2020 cuando Valoriza comenzó a prestar este servicio tras haber resultado la adjudicataria del contrato, que incluye el servicio de retirada de vehículos de la calle, la gestión del depósito municipal de coches, y la instalación y retirada de material de señalización y vallas de las calles de la ciudad.

El contrato se adjudicó por 3.377.368 millones de euros para dos años. Y justo un año después de haber comenzado a prestar el servicio, el 1 de septiembre de 2021, la Policía Local emite un informe en el que alerta de que la empresa Valoriza había dejado de realizar 1.780 horas de las que estaban establecidas por contrato, lo que equivale al trabajo de un operario durante doce meses. Es decir, Valoriza estaba prestando el servicio con un empleado menos de los que se había comprometido.

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Durante ese primer año de funcionamiento, en el área administrativa de la empresa también se registraron menos horas de trabajo de las firmadas, en este caso las equivalentes a las tareas de 2,25 personas durante un año. Asimismo, la Policía Local pone en evidencia en ese primer informe que Valoriza «se comprometió a aportar tres grúas polivalentes», si bien «únicamente fueron dos» las que se pusieron en servicio.

Las grúas, por contrato, no podían superar los ocho años de antigüedad ni los 100.000 kilómetros recorridos. Pues bien, los dos vehículos eran más viejos de lo pactado (14 años) y uno de ellos tenía más kilómetros de lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron el concurso que se adjudicó Valoriza.

Un año después, cuando la empresa ya llevaba dos años gestionando el servicio, la Policía Local emite un nuevo informe en el que, de nuevo, detecta incumplimentos en el contrato. Sigue faltando una grúa que permita la carga y descarga lateral, hay vehículos más antiguos de lo permitido, no se ha construido el taller destinado a la reparación de grúas al que Valoriza se había comprometido, ni se había elaborado un plan de comunicación, entre otros incumplimientos del contrato firmado entre la adjudicataria y el ayuntamiento.

No obstante, en agosto de 2022, cuando ya existía un informe desfavorable por parte de la Policía Local, el Gobierno municipal, entonces en manos de PP y Cs, decreta prorrogar el contrato con Valoriza durante un año más.

Y este pasado agosto, el Gobierno del PP, ya con Natalia Chueca como alcaldesa, vuelve a prorrogar durante un año más el contrato con esta compañía. Y eso que ya había dos informes desfavorables que, sin embargo, no serían los últimos. El 5 de septiembre de este año la Policía Local vuelve a alertar de que Valoriza sigue incumpliendo el contrato.

«No sirve de nada»

Según el documento, la empresa ha realizado 3.292 horas menos de las contratadas y por tanto pagadas por el ayuntamiento. Sigue faltando una de las grúas a las que se comprometió la empresa y falta, entre otras cuestiones, «la elaboración anual de una auditoría de calidad del servicio». Todos estos aspectos «fueron puestos en conocimiento de la empresa contratista con fecha 23 de noviembre de 2022 y 9 de febrero, 4 de mayo y 17 de julio de 2023».

Con toda esta información encima de la mesa, el Gobierno municipal, el mismo que ha prorrogado en dos ocasiones el contrato a Valoriza, aprueba un expediente sancionador cuya cuantía alcanza casi los 500.000 euros y en el que reconoce que «el número de incumplimientos es muy elevado» y que «no ha existido ninguna clase de voluntad del adjudicatario de corregirlos». No obstante, la compañía seguirá prestando el servicio hasta agosto de 2024. Todo esto demuestra, según grupos de la oposición como ZeC, que «de nada sirve la acción inspectora», puesto que la sanción económica no ha llegado hasta el cuarto año de servicio y después de haberle prorrogado el contrato a la empresa no una vez, sino dos.

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