La movilidad, a escena en Zaragoza: El PP se decanta por el modelo de Vox

La movilidad está siendo la gran animadora de la actualidad municipal en Zaragoza en las últimas semanas. En concreto, desde que el Ejecutivo de Natalia Chueca facilitara a los distintos grupos municipales el primer borrador de la nueva ordenanza que el área liderada por Tatiana Gaudes tiene previsto aprobar próximamente. Muy distintas fueron las reacciones a ambos lados del tablero, con Vox saliendo en tromba contra la "carga ideológica" del texto y una izquierda que, en mayor o menor medida, se mostró muy predispuesta a sacar adelante el documento planteado por el PP sin demasiados cambios. En cambio, el Gobierno de Zaragoza parece haberse decantado por hacer concesiones a su socio preferente, en una decisión marcada por el largo plazo en una legislatura en la que necesitan de un voto extra para sacar adelante sus propuestas.

El modelo de Vox: alergia a todo lo que suene a Agenda 2030

Bien es sabido que a Vox todo lo que suene a Agenda 2030 le repele sobremanera. Su posición frente a ella no es ningún secreto, y de sus declaraciones y actitudes se desprende que van a intentar eliminar cualquier resquicio de ella que esté a su alcance. En ese sentido, el campo de la movilidad no iba a ser menos. Es por ello que una de sus seis líneas rojas para apoyar el borrador presentado por el Ejecutivo de Natalia Chueca era eliminar toda alusión a la Agenda 2030, en este caso, del preámbulo.

Desde la formación de Abascal sostienen que, al tratarse de una normativa de Movilidad, "no se habla ni de medio ambiente, ni de salud, ni de bienestar". Una postura que, además, la formación de ultraderecha llegó a emplear para confrontar directamente con Chueca, acusando a su Gobierno de estar más cerca "de Manuela Carmena en Madrid o incluso de EH Bildu en San Sebastián".

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Toda una declaración de intenciones que, visto lo visto, ha dado sus frutos, ya que el PP accedió a eliminar las referencias a la Agenda 2030 de la norma, tal y como exigía Vox. Dicha concesión llegó, además, en la primera reunión que ambos grupos mantuvieron la semana pasada. Era la primera línea roja y los populares la concedieron sin oponer mayor resistencia.

Con todo, en aquel primer encuentro se revisó la batería de enmiendas de la ultraderecha –cerca de 80-, deteniéndose especialmente en las otras cinco líneas rojas que el grupo liderado por Julio Calvo había marcado, quedando las posturas, a priori, muy alejadas. Nada más lejos de la realidad. De hecho, hubo alguna de ellas que fuentes de la negociación reconocían que había quedado ·descartada" en la práctica, como el permiso de circulación por los carriles bus a las motos y a los vehículos de alta ocupación (VAO), algo que los técnicos municipales no contemplaban en ningún caso. En cambio, la reunión celebrada el pasado jueves se saldó con un nuevo acuerdo en el que el PP se comprometía a crear, en el plazo máximo de un año, un carril para buses y taxis que también estuviese abierto a motos y VAO. Una medida que, de primeras, será una prueba piloto.

Tampoco estaban conformes los de Julio Calvo, portavoz de Vox en el consistorio, con la normativa que la ordenanza recogía respecto a la limitación del aparcamiento de las motos sobre las aceras. Un debate que, por cierto, introdujo la propia Natalia Chueca en la actualidad municipal durante su etapa al frente del área de Movilidad. Ahora, ya como alcaldesa, esa aspiración deberá esperar, al menos, dos años, ya que Vox ha logrado arrancar al Gobierno que todo siga como hasta ahora durante ese lapso de tiempo. Es decir, que las motos puedan seguir aparcando sobre las aceras siempre y cuando tengan un ancho de más de tres metros y no obstaculicen al peatón. Asimismo, el Ejecutivo de Chueca se compromete a facilitar más aparcamientos durante estos dos años y, después, se volverá a valorar la posible limitación.

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Otro de los puntos criticados por Vox fueron los horarios para la carga y descarga. Desde la formación de extrema derecha consideraban que este nuevo sistema de rotación, con media hora como tiempo máximo, era "demasiado rígido", lo que propiciaría que los ciudadanos, especialmente los autónomos que tienen negocios que precisan de ella, "tengan altas probabilidades de ser multados". Tras quedar en el primer cónclave "en el aire", las formaciones de la derecha zaragozana llegaron a una entente el jueves para que el usuario pudiese ampliar ese tiempo si así lo precisaba, presumiblemente a través de una 'app'.

Al hilo de esta última norma, las sanciones eran, supuestamente, otro de los puntos de discusión más difíciles de salvar. Vox planteaba que el borrador presentado por el PP "abre la puerta a la utilización de sistemas de reconocimiento de matrículas", lo cual, a juicio de la formación, "vulnera el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos". Otra línea roja... y otra concesión. Al menos, así lo anunció en la rueda de prensa del jueves David Flores, edil de Vox, quien subrayó que su partido había conseguido que "desapareciesen" de la normativa "todos los elementos destinados a multar a los ciudadanos".

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Por último, Vox también consideraba fundamental que el uso de casco fuese obligatorio para todas las edades en bicicletas del mismo modo que iba a serlo en los patinetes. Aquí los de Calvo sí han tenido que ceder, aunque solo en parte. Así, el nuevo acuerdo contempla que el casco será obligatorio en bicis para los menores de 16 años y recomendable para el resto. Aunque, eso sí, el seguro será obligatorio para estos vehículos, otro de los puntos que han logrado modificar.

El modelo de Vox, asumido casi en su totalidad por el PP, plantea regular más el uso de la movilidad personal y ser más livianos en cuanto a las sanciones, escudándose en la privacidad ciudadana y en el pan de los autónomos. Una coyuntura que se repetirá con la negociación de la Zona de Bajas Emisiones, dictada por Europa y a la que la ultraderecha se opone radicalmente. Pero ese será otro artículo.

El modelo de la izquierda: apuesta por la sostenibilidad

"Hemos perdido una gran oportunidad para avanzar en sostenibilidad". Con estas palabras, Lola Ranera, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, lamentaba las últimas noticias que llegaban el jueves desde los despachos del consistorio. El PP llegaba a un entendimiento casi definitivo con Vox, su socio preferente, para así poder sacar adelante la nueva ordenanza de Movilidad de la mano de la ultraderecha.

El PSOE se ofrece a Chueca para aprobar la ordenanza de Movilidad y no depender de Vox

Una decisión que no por esperada deja de ser definitoria de la situación actual que vive la política zaragozana. Y es que PSOE y ZeC, en mayor y menor medida, habían recibido con mejores ojos que Vox el anteproyecto lanzado por el Ejecutivo de Natalia Chueca. De hecho, los socialistas estaban dispuestos a apoyar la norma con tan solo pequeños matices, salvaguardando un fondo que consideraban positivo. "La música del texto nos suena bien", dijo el concejal socialista Chema Giral, para después mostrar a la alcaldesa y su equipo su disposición para no tuviese que depender de Vox y sus conocidas "líneas rojas". Máxime tras las palabras de la formación de Abascal, en las que iban frontalmente, no solo contra el planteamiento inicial del PP, sino contra todo lo que, según ellos, implicaba a nivel ideológico, en clara alusión a la Agenda 2030, presente en el preámbulo del borrador.

Precisamente, el preámbulo fue lo más elogiado por el grupo municipal socialista, que dijo al respecto que suponía "toda una declaración de intenciones que va en la dirección de las políticas de sostenibilidad que iniciaron gobiernos socialistas hace ahora 15 años". Chueca afirmó que era "de agradecer" la predisposición socialista, pero no quiso cerrar la puerta a introducir y aceptar enmiendas de otros grupos, tal y como ha sucedido con los últimos acuerdos alcanzados con Vox.

Desde el PSOE, por boca de Lola Ranera, se asegura que van a continuar en esa "política constructiva", mientras que Tatiana Gaudes, concejala al frente del área de Movilidad, tampoco cerró la puerta a un "consenso" que parece del todo improbable tras los últimos acontecimientos. "Todos tenemos asumido hacia dónde van las ciudades", añadió la edil popular, en referencia a la desaparición de la Agenda 2030 de la norma. De sus palabras se desprende que esta exigencia de Vox, que complacieron rápidamente, se ciñe únicamente a una cuestión terminológica, ya que en la práctica se seguirá apostando por estas políticas. Algo que, de la mano de la ultraderecha, no está nada claro.

Zaragoza en Común, por su parte, también había mostrado su "voluntad negociadora" para llegar a acuerdos con el Ejecutivo popular y poder darle su sí al texto, aunque introdujeron 30 propuestas al borrador, considerando "imprescindible atender los criterios marcados por la Agenda 2030", esa que ya no aparece por ningún sitio. Y es que la idea de la izquierda es apostar por un modelo de movilidad sostenible, acorde a los cánones europeos. Sin olvidar tampoco el proyecto de la segunda línea del tranvía, que en este momento parece más lejano que nunca. 

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