Alfonso Peña presidirá el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón

Alfonso Peña (Logroño, 1963), presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón desde 2018 hasta su relevo en enero de este año, será el encargado de liderar la nueva estructura del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), un importante órgano dependiente del Ejecutivo autonómico que sirvió de ariete en la pugna entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza la pasada legislatura.

Según ha podido saber este diario, el nombramiento de Peña como presidente del Tribunal de Contratos se producirá, presumiblemente, a principios de abril tras pasar por el Consejo de Gobierno y estará acompañado por dos funcionarios de la casa que ejercerán como vocales: la letrada de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Teresa Cubero Negro,y el vocal del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Zaragoza Paul Ineva Escario.

El Tribunal de Contratos paraliza la nueva Romareda

En los últimos meses, el Tribunal de Contratos ha tenido un protagonismo esencial. Fue el órgano que tumbó los pliegos del nuevo estadio de La Romareda tras prosperar un recurso de Podemos, lo que paralizó el proyecto y sembró dudas en el Real Zaragoza, que se desmarcó de su promesa de costear las obras de forma íntegra. Además, el Tacpa anuló las bases que rigen el contrato de los comedores escolares y también tumbó las condiciones del contrato del transporte sanitario no urgente firmado en 2020. No menos sonada fue la pugna entre FCC y el consistorio zaragozano en 2019 por el contrato de Parques y Jardines.

El mandato del actual equipo de dirección del Tacpa, encabezado por Esperanza Ríos, acaba de expirar tras seis años improrrogables, según consta en la documentación publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 7 de marzo, cuando se convocó la provisión de la plaza de presidente. Ayer finalizaba el plazo para presentar las solicitudes de los candidatos a presidir el órgano en la Dirección General de Función Pública, justo 20 días después de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la publicación de una plaza que se elegiría por libre designación. Se exigían como requisitos ser un funcionario de nivel 30, grupo A1, licenciado en Derecho y con 15 años de desempeño de actividad profesional en la rama del Derecho Administrativo relacionada directamente con la contratación pública, según consta en el acta. 

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