De los socialistas a los republicanos, pasando por los ecosocialistas, todos los partidos de izquierda cargaron ayer contra la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno, con la que espera recaudar 34.300 millones a través de la exoneración al capital que vuelva a España, que solo pagará un gravamen del 10%. Se trata, señalaron estas fuerzas, de una muestra más de que el Ejecutivo exhibe fortaleza con los débiles y debilidad con los poderosos. Sin embargo, a CiU, con la que el PP espera aprobar los Presupuestos, esta iniciativa le pareció bien, y anunció que el sentido de su voto dependerá de una única medida: si se incluye o no la partida de 219 millones de euros para Cataluña en virtud de la disposición adicional tercera del Estatut. Eso sí, la federación criticó unas cuentas de espíritu muy similar a las de la Generalitat catalana.

Cuando conoció los Presupuestos, Alfredo Pérez Rubalcaba supo por qué Mariano Rajoy había retrasado su presentación hasta después de las andaluzas y asturianas. "Suben la luz un 7% y el gas, un 5%. No hay impuestos para grandes fortunas, pero sí una amnistía para los defraudadores --señaló el líder del PSOE en Santander--. Esta es la razón por la que escondían los Presupuestos. Ahora lo sabemos. Mientras suben los impuestos a los trabajadores, se los bajan a los defraudadores". Especialmente significativo le pareció que la partida que más decrece sea la de políticas activas de empleo, algo que, en su opinión, tendrá un nefasto efecto sobre el mercado laboral: aumentarán los despidos porque la reforma los abarata, dijo Rubalcaba, y no se creará empleo porque no hay políticas destinadas a ello.

"Estos Presupuestos suponen una verdadera provocación social", argumentó el líder parlamentario de ICV-EUiA, Joan Coscubiela. Puso un ejemplo: se congela el sueldo de los funcionarios, se sube la luz y el gas, pero se amnistía a los evasores fiscales, una medida que ya impulsó el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi.

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, dijo que la amnistía fiscal supone un nuevo "perdón a quienes no han cumplido sus obligaciones, con lo que se perjudica a los que sí las han cumplido". Pero donde hizo más hincapié fue en la falta de "compromiso" con Cataluña, porque no hay "garantías" de que se vaya a cumplir con el Estatut, y en el reparto de partidas. "Las menos afectadas son las de Interior y Defensa", afirmó, lo que le llevó a concluir que las cuentas eran propias de una "economía de guerra".

LA CONDICIÓN DE CiU CiU lo condicionó todo al cumplimiento de la Carta catalana, algo para lo que habrá que esperar al próximo martes, cuando el Gobierno presente el detalle del proyecto de Presupuestos. En una primera valoración, la federación mostró su preocupación por el "impacto económico y social" de unas cuentas muy restrictivas. El diputado de Unió Josep Sánchez Llibre reprochó al PP que haya tomado el camino "más fácil", basado no en estimular la actividad económica, sino en "recortar gastos e incrementar impuestos". Una receta, por otra parte, muy similar a la aplicada por el Govern en los presupuestos del 2011 (recortes) y 2012 (subida de tasas).

CiU fue muy crítica con la reducción de 1.500 millones para las políticas de empleo y con el recorte de 322 millones en ayudas a la vivienda. Pero bendijo la amnistía fiscal. Sánchez Llibre recordó que el PSOE adoptó varias medidas de este tipo.