El pasado 6 de octubre, los concejales de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y Movilidad, Teresa Artigas, visitaron por sorpresa la planta depuradora de La Almozara para realizar una inspección a la empresa que la gestiona, Drace, filial de ACS. El resultado de la visita fue la apertura de expedientes sancionadores por los "clamorosos" incumplimientos del contrato, según afirmaron los concejales. Pero el informe encargado a la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza concluye que no debe imponerse a la empresa "penalización económica alguna". También se presentó una queja al Justicia de Aragón por dichos incumplimientos. Fernando García Vicente archivó el expediente.
Cubero y Artigas destacaron de su inspección que la planta depuradora de La Almozara no contaba con el personal que prometió en su oferta, ni había realizado las mejoras que ofertó para ganar el contrato, ni estaba haciendo un mantenimiento adecuado de las máquinas que tenía que retornar al consistorio en abril. Sin embargo, según informó el gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, las mejoras que ofrecieron ni se han hecho ni se harán, porque en abril del año pasado, alguien del ayuntamiento --dicen no saberlo aún--, las renegoció con la empresa y acordó otras distintas sin avisar, ni informar, ni consensuarlo con el consejo de administración.
INFORME JURÍDICO
Esta denuncia fue uno de los motivos que el consistorio puso sobre la mesa para insistir en la municipalización del servicio, ya que, como dijo Cubero entonces, "los servicios externalizados están resultando vergonzosos y agotadores".
Para analizar dichos incumplimientos, la sociedad municipal Ecociudad encargó un informe a la asesoría jurídica del ayuntamiento el pasado 16 de diciembre que concluye que "aun en el caso de considerar que se ha producido un incumplimento de una de las cláusulas del contrato, este incumplimiento no supone merma alguna en la ejecución de las funciones que tiene atribuidas la persona que se encarga de los procesos I+D+i". Y, en cualquier caso, considera este informe que "ese incumplimiento no es de tal entidad como para comprometer la ejecución del objeto último y principal del contrato".
Por ello, el documento jurídico explica que "no procede la imposición de penalización económica alguna". Además, considera que el personal de la planta es "el mínimo ofertado" pero también "el necesario para la ejecución del contrato" y sostiene que "no resulta procedente atribuir a la cláusula cuestionada la calificación de condición esencial del contrato". Es decir, a la que requiere que la residencia habitual de todo el personal será la ciudad de Zaragoza. El informe considera que "las funciones están realizándose, sin que se produzca ninguna merma", a pesar de que uno de los 24 trabajadores no desarrolle su labor desde la propia capital aragonesa.
El informe jurídico no es el único que rechaza los graves incumplimientos denunciados y que considera que, de haber alguna falta, esta no afectó a la calidad del servicio. El 4 de febrero, el Justicia, Fernando García Vicente, archivaba la queja relativa al posible incumplimiento del pliego de condiciones de la planta depuradora.
Según el expediente analizado por su oficina, se considera que "no concurre en los hechos que se exponen irregularidad achacable a la actuación de esa Administración que requiera una decisión supervisora del Justicia".
