Continúa el rifirrafe entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza a cuenta del cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). La concejala de Movilidad y Sostenibilidad del ayuntamiento, Teresa Artigas, y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, volvieron a evidenciar la distancia que separa a ambas instituciones. Mientras Artigas insistía en pedir a la DGA "diálogo y consenso por los intereses de los zaragozanos" a la DGA, el consejero Olona respondía que "los impuestos no se negocian", y que Zaragoza "tiene la obligación de pagar como ya hacen el resto de municipios".

Han pasado diez días desde que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón rechazara la suspensión cautelar del cobro del ICA, por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza debe facilitar al Instituto Aragonés del Agua (IAA) los datos del padrón para que pueda girar los recibos. Sin embargo, la concejala Artigas afirmó que "de momento no nos han solicitado nada formalmente, aunque se han empezado a entablar conversaciones a nivel técnico ya que a nivel político está cerrado el cauce por parte del Gobierno de Aragón".

El consejero Olona recordó que "la orden de noviembre establece la obligatoriedad de que los ayuntamientos faciliten el padrón al Instituto Aragonés del Agua. Por lo tanto, no tendríamos ni que pedirlo. No obstante, desde el IAA se han puesto en contacto con el consistorio para recordarles esta circunstancia". Olona insistió en que se trata de un impuesto "solidario", afirmando que "mientras los ciudadanos de Zaragoza no han pagado, el resto de aragoneses abonaron 400 millones de euros".