La Propuesta Anticipada de Convenio (PAC) que presentó el Real Zaragoza y que fue admitida a trámite el pasado 9 de julio está completamente condicionada a la permanencia del equipo en Primera División. Así lo refleja el documento en sus puntos más relevantes. Sin embargo, también hace una previsión de lo que ocurriría en el caso de que se produjera un nuevo descenso a Segunda. En ese supuesto, la PAC especifica que las obligaciones de pago previstas quedarán suspendidas durante esas temporadas.

Y lo puntualiza del siguiente modo. "Esta suspensión de las obligaciones de pago únicamente se podrá aplicar durante un máximo de tres años consecutivos --si el primer equipo no consigue recuperar la categoría en esos tres años-- o durante cinco alternos en el caso de que el Real Zaragoza ascendiese y descendiese en más de una ocasión". Es decir, si el equipo baja y se mantiene tres años consecutivos en la Segunda División, las obligaciones de la PAC se congelarían. Y lo mismo sucedería durante cinco años alternos si los descensos estuvieran separados en el tiempo.

Eso sí, transcurridos esos plazos de máximos y si el Real Zaragoza no consiguiese estar en Primera División, el convenio recuperaría su plena vigencia y la sociedad anónima estaría obligada a efectuar los pagos correspondientes y que quedaran pendientes de realización.

Agapito Iglesias se acogió a la Ley Concursal el 13 de junio pasado y lo hizo de forma voluntaria por insolvencia, como consecuencia de una mala gestión deportiva y económica, precipitada por el descenso a Segunda División de la temporada 2008-2009 y por la confirmación del laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo que condenó a la entidad a pagar 13 millones al Shakthar Donetsk por el caso Matuzalem, cuyo último capítulo aún no ha llegado.

Todo ello llegó junto a la imposibilidad de cerrar acuerdos con los acreedores por la no obtención de financiación para atender los compromisos de pago con otros clubs, jugadores y el resto de acreedores. El Zaragoza, que emplea a 290 personas, también se ha propuesto reducir la plantilla de trabajadores entre un 20% y un 30% y rebajar drásticamente su endeudamiento.