"Al inicio de la crisis, el Ayuntamiento de La Muela presentaba ya una situación de insolvencia", concluye el Tribunal de Cuentas en un exahustivo informe en el que analiza las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria en trece consistorios españoles.

Esa disección de la caries que lastró la gestión del consistorio muelano indica que los elevados ingresos derivados de la actividad urbanística "se dedicaron a dotar al municipio de infraestructuras e instalaciones municipales en previsión de un mayor crecimiento poblacional" que no llegó, lo que produjo "una situación de insolvencia para atender la creciente demanda de servicios públicos y para mantener las instalaciones construidas", caso del centro deportivo, el auditorio o la plaza de toros, recibidas de la SUM como dividendo.

El Tribunal de Cuentas centra su estudio en los ejercicios del 2009 al 2012. En el primero se produjo la redada de la operación Molinos, que conllevó el ingreso en prisión preventiva de la entonces alcaldesa, Mariví Pinilla, y el arresto de Julián de Miguel, presidente de Aranade --la empresa que gestionaba la SUM--, en libertad bajo fianza. A mediados del 2011 cambió el equipo de gobierno, que pasó del PAR al PP con Marisol Aured como alcaldesa.

La Muela fue el único de los consistorios analizados que entre el 2009 y el 2012 no ajustó a la baja sus previsiones de ingresos. "No acumuló ahorro en los ejercicios de crecimiento económico y de alta intensidad de la actividad urbanística, en los que mantuvo una política de transferencia a la SUM", añade el documento, que destaca que esta empresa pública "no se sometió al control financiero de la Intervención local, que alegaba falta de medios".

Las licencias de obras y los aprovechamientos urbanísticos "tuvieron una importancia significativa en los ingresos de la entidad hasta el 2007", señala el informe, pero cayeron hasta situarse en el 2011 como "un ingreso marginal". El primero pasó de suponer 4,2 millones en el 2007 a 158.000 euros en el 2011, mientras que el segundo bajó de 10,4 millones a cero al tiempo que los ingresos patrimoniales descendieron de 10,5 a nada.

El consistorio, que prorrogó dos años los presupuestos del 2009, subió el IBI y las tasas con efecto desigual: el primer tributo pasó de aportar 1,2 millones a 2,5, pero las segundas se desplomaron de 2,3 a 0,9. Así, los ingresos corrientes pasaron de 24,1 millones anuales a 6,2 en solo cuatro años, con una ligera recuperación ya en el 2011 y el 2012.

La aportación fiscal por habitante pasó de 1.999 euros en el 2008 a 914 en el 2011, periodo en el que el gasto por vecino cayó de 2.773 a 1.003.

"Las medidas de racionalización administrativa y de revisión de los procedimientos de gestión se aplican a partir del 2011 (con el cambio en al alcaldía) y afectan a distintos aspectos de la gestión de recursos humanos, al control de los consumos de energía, materiales y comunicación y al control de las subvenciones", indica el Tribunal de Cuentas, que destaca la supresión de las sociedades municipales y la reducción de seis a tres en el número de ediles con dedicación exclusiva, aunque la plantilla tenía en el 2012 un trabajador más --93 por 92-- que en el 2007. "No es hasta 2012 cuando la entidad comunica que ha adoptado una medida generalizada de reducción de estos gastos con efectos generales", añade el informe.

Del 2009 al 2011, el Ayuntamiento de La Muela no elaboró evaluaciones periódicas de su situación económico-financiera ni planes de estabilidad presupuestaria y solvencia financiera pese a las reiteradas advertencias de la Intervención, que consideraba al consistorio "inviable económicamente" al carecer de tesorería --cerró el 2009 con un déficit de 8,1 millones y el 2010 con un agujero de 7,8-- para hacer frente a sus obligaciones.

"El Ayuntamiento de La Muela --concluye el informe-- deberá afrontar medidas de gran calado en relación con los ingresos y gastos para recuperar la senda del equilibrio presupuestario y poder hacer frente, en el medio y largo plazo, a la devolución de los créditos contratados para el saneamiento de sus deudas comerciales (4,7 millones del Plan de Proveedores), a los gastos derivados de su endeudamiento (699 euros por habitante) y, en su caso, a las obligaciones derivadas de la liquidación de sus sociedades mercantiles".