La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha remitido sendas comunicaciones a los grupos políticos que forman las Cortes para que exijan al Gobierno una memoria económica que permita conocer el coste de la nueva ley de la Fundación Publica Aragonesa.
La organización, ha señalado en un comunicado, quiere que la tramitación del proyecto de ley se supedite a la elaboración "de una correcta memoria económica", con los costes derivados de la misma y las condiciones de financiación, como se exige en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
"Conocer el coste de una Ley -cuya repercusión en el capítulo de gastos de personal del Presupuesto de la Comunidad Autónoma es directo- es un requisito indispensable para su tramitación y aprobación", señala la asociación.
El conocimiento de las repercusiones económicas de una norma legal, continúa, es "necesario en toda circunstancia, pero lo es especialmente en la actual coyuntura económica y presupuestaria, en la que la Comunidad Autónoma ha de cumplir exigentes objetivos de contención del déficit público y atraviesa manifiestas dificultades en su equilibrio presupuestario".
Para la asociación, son insuficientes las escasas ocho páginas, incluidas en la "Memoria del análisis del impacto normativo", que "contienen datos y estimaciones carentes de la más elemental consistencia"
En su opinión, no se puede admitir este documento como memoria económica ya que omite los efectos derivados del nuevo régimen retributivo, del cual el complemento ligado a la carrera es solo una parte, y las condiciones de financiación para las diferentes medidas de la Ley".
Los ciudadanos "tienen el legítimo derecho de saber cuánto cuesta" esta Ley y los parlamentarios conocerlo "antes de decidir y votar", agrega la asociación, que reprocha a los sindicatos que sean "capaces de respaldar un proyecto normativa sin la garantía de su viabilidad presupuestaria, reincidiendo con ello en los vicios que han conducido al actual colapso presupuestario de nuestra Administración".
"A semejante ejercicio de irresponsabilidad no debieran sumarse los parlamentarios, debiendo reclamar la confección de la memoria económica necesaria para decidir la aprobación o no de la futura ley de función pública", concluye la asociación.
