El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha mostrado hoy su deseo de que Iberebro, la promotora del "outlet" en los antiguos terrenos de la factoría Pikolín de la capital aragonesa, no obtenga finalmente la declaración de interés autonómico para el proyecto de Torre Village.

Hoy, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha confirmado que los promotores del "outlet" han solicitado esta declaración que, ha dicho el consejero, se estudiará para no tomar una decisión "arbitraria".

"Por supuesto, es competencia del Gobierno de Aragón y ellos tienen ahora la pelota en su tejado", ha reconocido Muñoz, según apuntan fuentes municipales en una nota.

Pero Muñoz ha recordado que el decreto ley 1/2008, de 30 de octubre, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón se inspira en la norma que redujo a la mitad los plazos para la celebración de la Expo 2008, por lo que el ejecutivo de Javier Lambán, en caso de declarar el interés autonómico de Torre Village, "estaría comparando un evento internacional público con una actividad privada".

A juicio del consejero de Urbanismo, el Gobierno de Aragón "no debería darse prisa en destruir el pequeño comercio", y ha estimado que si se contesta afirmativamente a la petición, el ejecutivo "seguirá en la misma línea del PSOE de Zaragoza, dándole privilegios al proyecto de Pikolín".

Los plazos que acortaría esta declaración, recuerda Muñoz, se refieren a la publicidad, el cumplimiento de los requerimientos públicos o la posibilidad de alegar, por lo que dejarlos en la mitad "sólo supondría echar más leña al fuego en un proyecto que genera, como se ha demostrado, mucho rechazo social".

Y ha enfatizado Muñoz: "quien quisiera abrir una tienda en Las Fuentes o en San José tendría que respetar todos los plazos".

Por eso, el equipo de gobierno municipal de Zaragoza en Común espera que el Gobierno de Aragón "desoiga" esta petición, porque "no hay que correr para poner en marcha una actividad que va a afectar al pequeño comercio".

Por otro lado, Izquierda Unida en las Cortes de Aragón ha anunciado que pedirá a Guillén que informe, a la mayor brevedad posible, si piensa atender esta petición de declaración, "teniendo en cuenta las graves afecciones que va a suponer para el pequeño comercio y el rechazo social que ha generado su autorización"

La diputada de IU, Patricia Luquin, recuerda que siempre ha defendido un modelo de ciudad "compacta y consolidada con una amplia red de comercio de proximidad" y por eso estima, en una nota de prensa, que "es el momento" de que Guillén aclare "qué modelo defiende su gobierno".

La implantación de nuevas grandes superficies "provoca una mayor contaminación por los desplazamientos y la destrucción de puestos de trabajo dignos para crear empleos precarios", ha reiterado Luquin.

Y ha recordado que las grandes superficies comerciales de Puerto Venecia y PLAZA, por ejemplo, se tradujeron en el cierre de 1.390 negocios en seis años.