CONSUMO

Los aragoneses 'echan chispas': luz y gas ya generan mas quejas entre los consumidores que telecomunicaciones y banca

Los servicios de consumo de la comunidad recibieron 7.363 consultas y 1.072 reclamaciones en 2022 por las facturas energéticas, que son por primera vez la principal causa del malestar entre los usuarios. La DGA impone 148 sanciones que ascienden a 106.000 euros tras realizar cerca de 27.000 actuaciones inspectoras

Archivo - Una factura del consumo de luz

Archivo - Una factura del consumo de luz / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Los consumidores aragoneses están que echan chispas por las facturas de la electricidad y el gas, que se han convertido en su mayor quebradero de cabeza. Una cuarta parte de las consultas que llegaron en 2022 a los diferentes servicios de consumo en la comunidad autónoma están relacionadas con estos recibos energéticos, que por primera vez ha pasado a ser el principal motivo de las quejas y las atenciones prestadas. No es de extrañar teniendo en cuanta que el año pasado los precios de estos suministros alcanzaron máximos históricos.

En concreto, 7.363 de las 31.094 consultas que se atendieron entre la dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, las asociaciones y las oficinas municipales y comarcales de esta materia. Ambas cuestiones, la electricidad y el gas, ocupan también la primera posición en los procedimientos abiertos (reclamaciones, denuncias o arbitrajes de consumo), copando 1.072 de los 5.220 tramitados.

Otros sectores con mayor número de reclamaciones son las actividades de ocio y las telecomunicaciones. Respecto a los bienes de consumo los muebles, los electrodomésticos y los vehículos a motor son los que generan más reclamaciones.

Son algunos de los datos que ha expuesto este jueves en rueda de prensa el director general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Pablo Martínez, que ha ofrecido un balance de la memoria de 2022 con motivo de la celebración, el próximo 15 de marzo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que este año se celebrará en la comunidad bajo el lema 'Consumo responsable, tu mejor elección'.

Es la primera vez que la factura eléctrica y la del gas ocupan la primera posición en las consultas, por delante de las telecomunicaciones, de las que tenemos 5.570 consultas, y la banca, que con 3.247 se sitúa en tercer lugar”, ha explicado Martínez, que ha subrayado que, asimismo, es la primera vez que ambos conceptos, electricidad y gas, se sitúan entre los asuntos que generan más reclamaciones, denuncias o arbitrajes. “Está claro que es un tema de creciente preocupación entre los consumidores, que quieren entender qué pasa con sus facturas energéticas y de qué manera es posible rebajar el gasto en los hogares”, ha indicado.

Sanciones e inspecciones

"La factura eléctrica es un tema de creciente preocupación y los consumidores quieren saber cómo es posible rebajar el gasto en su hogar". Una preocupación a la que se da respuesta desde las acciones formativas que lleva a cabo Consumo Aragón. En 2022 fueron 207 en todo el territorio (607 horas), en forma de cursos, aulas o talleres específicos del Programa de Educación Permanente que se imparten por todo el territorio. “Crece el interés por conocer nuestros derechos como consumidores, el año pasado participaron en nuestras actividades 7.609 personas y el taller de la factura eléctrica ha sido uno de los más demandados”, ha explicado Martínez. Además de este, se impartió formación sobre etiquetado de los alimentos, educación financiera, comercio electrónico o prácticas desleales, entre otros.

Otra de las acciones más destacadas de las autoridad aragonesa de Consumo es la labor inspectora. A lo largo de 2022 se llevaron a cabo 26.799 actuaciones, como el control de productos alertados, las campañas de inspección, las acciones derivadas de reclamaciones y las denuncias o tomas de muestras. De todas ellas, se llevaron a cabo 148 expedientes sancionadores por un volumen total de 106.000 euros. La mayoría fueron por infracciones leves y las compañías eléctricas y de telecomunicaciones fueron objeto de siete multas cada una.

Fruto de esta labor se intervinieron en el mercado de 637.604 unidades, de las cuales el 66% fueron juguetes y el 13,24% equipos de protección. Respecto a los procedimientos ya señalados (reclamaciones, denuncias o arbitrajes de consumo), indicar que 3.639 son reclamaciones y denuncias y 1.581 solicitudes de arbitraje, de las que el 80% (1.268) se resolvieron mediante laudo arbitral o mediación, evitando así la judicialización del proceso.

El perfil del usuario: mujer entre 40 y 52 años

Durante 2022, se sumaron 95 nuevas empresas a la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, que integra ya 5.367 firmas. El perfil de las personas que realizan consultas en Consumo es el de una mujer de entre 40 y 52 años, que se informa por teléfono y cuya duda está relacionada con la energía (facturas de gas o electricidad).

Cabe recordar que los consumidores pueden realizar sus consultas a través del teléfono gratuito 900 121 314 (con atención integral a todos los municipios de Aragón); a través de la red aragonesa de información al consumidor, las 35 oficinas distribuidas por todo el territorio aragonés, 12 asociaciones de consumidores y, por supuesto, los servicios de la dirección general del Gobierno de Aragón. También tienen a su disposición la nueva página web de Consumo Aragón, www.aragon.es/consumo, que en 2022 recibió 8.635 visitas.

Críticas al Ayuntamiento de Zaragoza por cerrar la Junta de Arbitraje

El director general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Pablo Martínez, criticó ayer que el Ayuntamiento de Zaragoza cerrara el pasado año la Junta Arbitral de Consumo, una «decisión política» que priva a la capital de un «magnífico servicio» que ayuda a la resolución de las reclamaciones. En este sentido, recordó que hay 21 ciudades en España con este mecanismo. 

«Vemos como los zaragozanos están viendo mermada la capacidad de atención en materia de consumo del ayuntamiento», lamentó. A su juicio, en los últimos años se ha observado que la capital aragonesas no dispone de «servicios homólogos» a los de otras ciudades de su tamaño, una brecha que se agranda, dijo, con la supresión del citado sistema.

Por su parte, según recoge Europa Press, desde el Consistorio zaragozano lamentaron el «desconocimiento» que Martínez. «El Gobierno de Aragón tiene su propia Junta Arbitral de Consumo, con plena jurisdicción sobre Zaragoza capital. Hasta ahora se había producido una duplicidad de competencias que contravenía, entre otras cosas, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que se refiere, a estas duplicidades y exige evitarlas», han apuntado fuentes municipales competente».